El Ejecutivo bonaerense difundió las declaraciones juradas 2025 de sus funcionarios. Entre propiedades, dólares en efectivo e inversiones, varios nombres del gabinete exhiben patrimonios elevados en medio de una provincia con dificultades económicas.
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires hizo públicas las declaraciones juradas de su gabinete correspondientes a 2025. El documento, que busca transparentar los bienes de los funcionarios, terminó abriendo otra discusión: el nivel patrimonial de quienes gestionan una de las provincias más golpeadas del país.
Entre los casos más llamativos aparece Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de Asesores, con múltiples propiedades en CABA, depósitos en dólares y efectivo que supera los 3,3 millones de dólares. A eso se suman ingresos anuales superiores a los 45 millones de pesos y rentas por alquileres.
Otro nombre fuerte es Santiago Pérez Teruel, asesor general de Gobierno, con una cartera de inversiones diversificada: acciones, bonos, fondos comunes y títulos públicos que superan ampliamente los 250 millones de pesos, además de depósitos en dólares y propiedades en la Ciudad de Buenos Aires.
En el entorno más cercano al gobernador también figura Nicolás Beltram, titular de la Unidad Gobernador, con millones en efectivo —incluidos dólares propios y de su cónyuge— y un ingreso anual cercano a los 37 millones de pesos.
En el área económica, Pablo López declara ingresos por más de 57 millones como ministro, además de otros cargos públicos. También registra dólares en efectivo y activos financieros, aunque con menor volumen en comparación con otros integrantes del gabinete.
Por su parte, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, informa ingresos anuales superiores a los 44 millones de pesos, dólares en efectivo y una propiedad en CABA, junto a participaciones en una fundación.
Los datos surgen en un contexto donde la Provincia enfrenta restricciones presupuestarias, conflictos salariales y demandas crecientes en áreas sensibles como salud, educación y seguridad.
La publicación de estas declaraciones juradas cumple con una obligación legal. Pero, al mismo tiempo, deja expuesta una tensión difícil de ignorar: funcionarios con patrimonios elevados administrando una provincia que no logra salir de su crisis estructural.
La transparencia muestra los números. La discusión que se abre es otra: cuánto impacta —política y simbólicamente— que quienes gestionan la escasez acumulen en millones.