La Municipalidad redujo un 12,5% el servicio de ESUR y trasladó parte de la recolección a las delegaciones, en una decisión que promete ahorrar unos $10.000 millones al año y ya generó tensión con el sindicato. El contrato principal todavía supera los $7.000 millones mensuales y el nuevo esquema abre otra discusión: quién recoge, cuánto cuesta y cómo se controla lo que finalmente paga el municipio.
Durante décadas, el negocio de la basura en La Plata funcionó bajo una estructura difícil de modificar. Una empresa privada concentrando buena parte de la recolección, trabajadores encuadrados bajo el convenio de Camioneros y un contrato que fue creciendo hasta convertirse en uno de los gastos más importantes de la Municipalidad. Julio Alak empezó ahora a tocar ese esquema: redujo la participación de ESUR, trasladó parte de los recorridos a las delegaciones municipales y abrió una discusión que detrás de las bolsas acumuladas en las veredas tiene miles de millones de pesos en juego.
El primer movimiento fue significativo. En marzo de 2026, la administración municipal dispuso una reducción del 12,5% del servicio contratado a ESUR. Incluso después de ese recorte, el precio mensual quedó establecido oficialmente en $7.060.657.866. Proyectado durante un año, son alrededor de $84.700 millones, sin considerar nuevas redeterminaciones de precios. La dimensión del contrato ayuda a entender por qué cualquier modificación del sistema altera intereses económicos, laborales y políticos mucho más grandes que la discusión cotidiana sobre si el camión pasó o no pasó por una cuadra.
ESUR tampoco es una empresa recién llegada a La Plata. La actual concesión surgió de la Licitación Pública Nº22/2018 y fue firmada el 5 de abril de 2019 por un período de ocho años. Su vencimiento original, por lo tanto, llegará en 2027, aunque el contrato contempla hasta dos prórrogas adicionales de 24 meses. La compañía mantiene además una presencia de décadas en el sistema de recolección de la capital bonaerense.
Lo novedoso es que Alak decidió empezar a achicar ese esquema antes del vencimiento. Parte de las tareas que realizaba ESUR pasó a ser coordinada directamente desde las delegaciones municipales de Abasto, Arana, Arturo Seguí, El Peligro, Etcheverry, Ignacio Correas, Lisandro Olmos, Melchor Romero y Sicardi-Garibaldi. De acuerdo con las estimaciones conocidas sobre la reorganización, el cambio permitiría un ahorro cercano a los $10.000 millones anuales.
El factor Camioneros
La modificación rápidamente encontró resistencia sindical. El problema para Camioneros no pasa solamente por quién administra los recorridos, sino por quién realiza el trabajo. Cuando una tarea sale de una concesionaria privada y pasa a una estructura municipal, también puede cambiar el encuadramiento laboral de quienes la realizan. Y allí aparece una de las claves económicas del sistema.
Los trabajadores privados de la recolección están comprendidos dentro de un convenio que contempla salarios, adicionales, antigüedad, horas extras y distintas condiciones laborales que forman parte de la estructura de costos de las empresas. Cuando esos costos aumentan, pueden terminar teniendo incidencia sobre las redeterminaciones de precios de los contratos que pagan los municipios.
Por eso Camioneros reaccionó frente al avance de las delegaciones con asambleas y protestas ante la posibilidad de una reducción de servicios o puestos de trabajo. El conflicto deja expuesta una dimensión que habitualmente permanece detrás de la discusión sobre la basura: reducir la participación de una concesionaria también significa reducir el espacio que ocupa dentro del servicio una estructura laboral sobre la cual el sindicato construyó una enorme capacidad de negociación.
Alak no desplazó a ESUR ni mucho menos desarmó el sistema existente. La empresa continúa manejando un contrato superior a los $7.000 millones mensuales y sigue siendo protagonista central de la recolección platense. Pero el intendente empezó a quitarle recorridos a un modelo que durante años prácticamente no había sufrido modificaciones estructurales.
No es una municipalización completa
El movimiento tiene, además, una particularidad que obliga a evitar conclusiones apresuradas. La Municipalidad no reemplazará todo lo que hacía ESUR exclusivamente con empleados y recursos propios.
Después de reducir el contrato de la concesionaria, el gobierno local abrió la Licitación Pública Nº18/2026 para contratar “asistencia y apoyo operativo a las Delegaciones” en las tareas de recolección hasta el 31 de diciembre de 2027. El presupuesto oficial supera los $8.220 millones.
El modelo que empieza a aparecer es, entonces, más complejo que una simple privatización o municipalización. ESUR conserva una parte sustancial del servicio; las delegaciones municipales absorben determinados recorridos y tareas; y, al mismo tiempo, el municipio sale a buscar asistencia privada para sostener parte de esa nueva operación.
La cuenta que importará conocer dentro de algunos meses será la completa. No solamente cuánto dinero dejó de cobrar ESUR, sino cuánto cuesta realizar esos mismos servicios sumando personal municipal, camiones, combustible, mantenimiento y las nuevas contrataciones privadas. Recién entonces podrá determinarse si los aproximadamente $10.000 millones de ahorro proyectados se traducen efectivamente en una reducción del costo final.
Un contrato que termina en 2027
Hay una fecha que vuelve todavía más relevante el movimiento: 2027. Ese año vence originalmente la concesión adjudicada a ESUR en 2019, aunque existen posibilidades contractuales de prórroga. Alak llegará así al último tramo de su mandato con una decisión de enorme peso por delante: mantener el esquema histórico, prorrogarlo, profundizar la participación municipal o avanzar hacia un modelo diferente.
Lo que está ocurriendo actualmente en las delegaciones puede ser leído, en ese contexto, como algo más que un ajuste presupuestario. Por primera vez empieza a probarse en una escala relevante qué ocurre cuando una porción de la recolección deja de depender directamente de la concesionaria. Y también qué ocurre políticamente cuando ese cambio afecta intereses de Camioneros.
No es un detalle menor. La basura es uno de los pocos servicios municipales cuya interrupción se vuelve evidente en cuestión de horas. Un conflicto prolongado llena las calles de residuos y transforma rápidamente una discusión empresarial o sindical en una crisis política para cualquier intendente. Esa característica históricamente otorgó un enorme poder de negociación a los actores capaces de garantizar —o interrumpir— la operación cotidiana.
Cuanto mayor sea la capacidad municipal para sostener parte de los recorridos por fuera del esquema tradicional, menor podría ser esa dependencia. El proceso recién empieza y está lejos de significar una ruptura, pero modifica parcialmente la relación de fuerzas alrededor de uno de los contratos más importantes de la ciudad.
La otra discusión: cómo saber qué se está pagando
El cambio de modelo deja además una pregunta que La Plata todavía tiene pendiente: cómo controlar con precisión un servicio que cuesta miles de millones de pesos todos los meses.
El problema no es tecnológico. El propio pliego de la concesión ya exigía un sistema de monitoreo satelital mediante GPS integrado con un Sistema de Información Geográfica para registrar zonas de recolección, horarios, recorridos, detenciones prolongadas y desvíos. En 2025, además, el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza para crear una aplicación que permitiera a los vecinos consultar en tiempo real los recorridos de los camiones.
La información necesaria para saber dónde estuvo cada vehículo, cuánto recorrió y si cumplió la ruta asignada puede existir. La pregunta más importante es cuánto pesa esa evidencia al momento de certificar el servicio y autorizar los pagos.
La experiencia de la Ciudad de Buenos Aires muestra que la tecnología permite avanzar mucho más. Allí funcionan sistemas de GPS y telemetría sobre más de 1.100 camiones y miles de rutas de servicio. Sin embargo, una auditoría publicada en 2026 también encontró debilidades en los controles y certificaciones. La enseñanza es sencilla: comprar tecnología no alcanza si esa información no está directamente vinculada con el dinero que finalmente desembolsa el Estado.
Ese será también un desafío para el esquema que empieza a construir La Plata. Si ESUR realiza una parte, las delegaciones otra y nuevos contratistas privados brindan asistencia, el municipio tendrá más actores y modalidades diferentes participando de una misma prestación. Poder determinar cuánto cuesta cada una y qué servicio realizó efectivamente será indispensable para comparar el viejo modelo con el nuevo.
Alak empezó a mover una estructura que parecía inmóvil. Todavía no rompió con ESUR, no municipalizó completamente la recolección y Camioneros conserva un peso determinante dentro de la actividad. Pero el recorte del 12,5%, el avance de las delegaciones y un ahorro proyectado de $10.000 millones muestran que algo empezó a cambiar.
Con un contrato principal que todavía supera los $84.000 millones anualizados y un vencimiento clave en 2027, la pelea por la basura platense recién comienza. Y detrás de una discusión que suele medirse en bolsas, cuadras y camiones hay otra bastante más grande: quién controla uno de los negocios municipales más importantes de La Plata, cuánto poder conserva cada actor y cuánto termina pagando el vecino.