El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y futura explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La ofensiva judicial también alcanza a sus directivos y busca impedir que avancen sobre recursos que la Argentina considera propios.
El Gobierno de Javier Milei avanzó con una denuncia penal contra las empresas vinculadas con la exploración y futura explotación de petróleo en las Islas Malvinas mediante licencias otorgadas por el Reino Unido y sin autorización del Estado argentino.
La presentación fue realizada ante la Justicia Federal por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio. La medida alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
La denuncia también incluye a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que hayan intervenido en las decisiones y operaciones de las compañías.
Según la posición argentina, las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos proyectadas en la Cuenca Malvinas Norte se realizan sin autorización de las autoridades nacionales y vulneran la Ley 26.659, que regula las actividades hidrocarburíferas sobre la plataforma continental argentina.
La ofensiva judicial no se limita a determinar responsabilidades penales. La presentación solicita embargos preventivos, inhibiciones generales de bienes y el decomiso de equipos e insumos utilizados en las operaciones. También contempla el eventual decomiso de los hidrocarburos que sean extraídos.
Además, se pidió investigar posibles delitos vinculados con contaminación ambiental y eventuales infracciones al Código Aduanero.
El conflicto se intensificó después de que las compañías avanzaran con la decisión final de inversión para desarrollar el proyecto petrolero Sea Lion. El plan contempla la perforación de 11 pozos submarinos conectados a una plataforma flotante y proyecta comenzar la producción comercial de petróleo en 2028.
La decisión judicial forma parte de una serie de medidas adoptadas en los últimos días por la administración Milei frente al avance de la explotación hidrocarburífera alrededor de las islas. El Ejecutivo también inició procedimientos sancionatorios contra decenas de personas y empresas vinculadas con esas actividades.
En paralelo, Milei instruyó al Ministerio de Economía para que el Presupuesto 2027 priorice el desarrollo de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego y otros proyectos considerados estratégicos para la seguridad nacional y la protección de los intereses argentinos en el Atlántico Sur.
Con la denuncia penal, las sanciones administrativas y el fortalecimiento de la infraestructura estratégica en Tierra del Fuego, el Gobierno profundizó su estrategia para frenar la explotación de recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina y reforzar el reclamo de soberanía sobre las islas y sus espacios marítimos.