El Gobierno nacional adjudicó ocho corredores viales por un plazo de 20 años como parte de la Red Federal de Concesiones. Las empresas privadas asumirán la operación, las obras y el mantenimiento bajo un esquema de peajes que no prevé subsidios del Estado Nacional.
El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su política de incorporación de capital privado a la infraestructura nacional y adjudicó más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en ocho corredores. La medida fue oficializada este lunes mediante la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía.
Las concesiones tendrán una duración de 20 años y comprenden los tramos Centro, Centro Norte, Mesopotámico, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo. En total, atraviesan once provincias: Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Chaco, Misiones y Mendoza.
El modelo establece que las empresas adjudicatarias tendrán a su cargo la construcción, reparación, ampliación, conservación, administración y mantenimiento de las trazas. También deberán prestar servicios a los usuarios y podrán desarrollar actividades complementarias vinculadas con la explotación de los corredores.
El esquema funcionará mediante concesiones de obra pública por peaje y, de acuerdo con lo establecido por el Gobierno, no contará con subsidios del sector público. La apuesta oficial es reemplazar un sistema sostenido con recursos del Tesoro por otro basado en inversión y operación privada.
La Red Federal de Concesiones prevé además que las empresas alcancen determinadas condiciones de transitabilidad antes de aplicar plenamente las tarifas ofertadas. Los contratos incorporan mecanismos de actualización de peajes y un sistema de control basado en indicadores de desempeño.
La fiscalización seguirá en manos del Estado. Vialidad Nacional será responsable de controlar el cumplimiento de los contratos, los estándares de seguridad y los niveles de servicio comprometidos por cada concesionario.
La Etapa III forma parte de un programa más amplio con el que el Ejecutivo busca superar los 9.000 kilómetros de rutas nacionales concesionadas. Según datos oficiales, por esos corredores circula aproximadamente el 80% del tránsito nacional.
El proceso se inscribe en la decisión del Gobierno de Milei de reducir la participación directa del Estado en la operación de infraestructura y trasladar al sector privado la inversión, el mantenimiento y la gestión de los principales corredores viales.
Con las nuevas adjudicaciones, el Gobierno profundiza uno de los ejes centrales de su programa económico: utilizar capital privado para desarrollar y mantener infraestructura sin recurrir a subsidios del Tesoro. El próximo desafío será que las empresas cumplan los planes de obra y los niveles de servicio establecidos durante los 20 años de concesión.