Mientras los discursos oficiales hablan de inclusión y derechos, las escuelas de la ciudad se han convertido en territorio liberado. La realidad les estalla en la cara a los padres, docentes y alumnos que todos los días deben enfrentarse al miedo de entrar o salir de un establecimiento educativo.
La concejala María Belén Muñoz, de La Libertad Avanza, presentó un pedido de informes para saber qué medidas de seguridad –si es que existen– tienen hoy las escuelas platenses.
El pedido es tan básico como alarmante: exige información sobre botones antipánico, cámaras de vigilancia y patrullajes policiales diarios. Elementos esenciales que cualquier gestión mínimamente seria debería tener garantizados. Pero en La Plata, bajo el mando de Julio Alak, todo es opacidad. La gestión municipal, más preocupada por acomodar militantes que por garantizar seguridad, parece haber delegado la protección de los chicos en la buena voluntad de los vecinos.
La provincia, bajo la conducción de Axel Kicillof, tampoco ha dado respuestas concretas. El programa “Escuelas Cuidadas”, lanzado con bombos y platillos a fines de 2024, no ha mostrado resultados verificables. Las escuelas siguen siendo blanco de robos, agresiones y amenazas constantes.
Docentes golpeados, estudiantes asaltados, padres que deben trasladar a sus hijos por sus propios medios ante la ausencia de ambulancias. La respuesta oficial, cuando llega, siempre es tardía e ineficaz. La gestión de Alak se limita a culpar al gobierno anterior, mientras la de Kicillof se esconde detrás de un relato que ya no se corresponde con la realidad.
El pedido de informes de Muñoz también exige datos sobre la existencia de corredores seguros para los estudiantes. Un punto esencial que el municipio y la provincia no consideran prioritario. En su lugar, enfocan sus energías en controlar el lenguaje en las aulas y promover talleres ideológicos, mientras las escuelas se deterioran y el miedo se convierte en una rutina cotidiana.
La situación es grave. Y lo más alarmante es el silencio cómplice de quienes deberían dar respuestas. La comunidad educativa está harta. Las promesas no alcanzan. Es momento de que Alak y Kicillof dejen de esconderse detrás de slogans vacíos y comiencen a garantizar lo más básico: la vida y la seguridad de quienes, día tras día, pisan una escuela. La educación pública no solo está en crisis. Está, literalmente, en peligro.