El Gobierno nacional anunció que, a partir del 1° de julio, regirá en todo el país una nueva restricción que impide el ingreso de productos con fines comerciales o industriales a través de fronteras, aeropuertos o servicios de courier, en un intento por frenar el contrabando y proteger la industria argentina. La medida, impulsada por el ARCA y la Dirección General de Aduanas, responde a una política de orden y control que contrasta con la laxitud del kirchnerismo, que durante años permitió un festival de compras truchas disfrazadas de uso personal.
Entre los productos alcanzados por la nueva normativa se encuentran los electrodomésticos de línea blanca —como cocinas, estufas, lavavajillas y aires acondicionados—, cuyo ingreso al país por parte de particulares quedará totalmente prohibido. También se bloqueará el ingreso de armas de fuego sin autorización de la ANMAC, explosivos, materiales inflamables, estupefacientes y bienes de valor cultural o arqueológico, artículos que durante años ingresaron sin supervisión real bajo el paraguas de políticas permisivas que favorecieron la evasión.
Desde la administración de Javier Milei aseguran que estas decisiones buscan poner fin a un sistema de “viveza criolla” fomentado por los gobiernos anteriores, en el que se disfrazaban importaciones comerciales como compras personales, perjudicando al Estado y a los productores nacionales.
A diferencia del descontrol heredado, este gobierno apuesta por reglas claras, fronteras firmes y una economía formal. “Se terminó la fiesta de los vivos. El que quiera traer mercadería, que lo haga como corresponde, con papeles y pagando impuestos”, aseguran fuentes oficiales. La Argentina empieza a cerrar grietas.