Más de mil firmas contra el nuevo tributo municipal. Denuncias de ilegalidad, recaudación sin destino claro y una gestión bajo presión.
En Chacabuco, la gestión del intendente Darío Golía enfrenta un foco de conflicto que ya no es administrativo: es político. Más de mil vecinos presentaron un reclamo formal para anular la “Tasa de Salud”, cuestionando tanto su legalidad como su sentido.
El primer punto de tensión es jurídico. Según denuncian, la ordenanza se aprobó sin alcanzar la mayoría absoluta exigida, tras un empate en el Concejo Deliberante que se resolvió con el doble voto de la presidencia. Para los firmantes, eso invalida el tributo desde su origen.
El segundo eje es más profundo: el destino de los fondos. Los vecinos aseguran que la tasa no está orientada a mejorar el sistema sanitario, sino a sostener una estructura política creciente. Es decir, más presión fiscal sin correlato visible en servicios.
Ahí aparece la contradicción que enciende el conflicto. Se crea un impuesto con el argumento de la salud, pero sin resultados claros ni mejoras perceptibles. En ese contexto, la recaudación deja de ser una herramienta de gestión y pasa a ser un problema político.
El reclamo también apunta a la lógica de fondo: ante la falta de ajuste o eficiencia, el municipio recurre a nuevos tributos. Una dinámica conocida, pero cada vez más resistida.
En Chacabuco, la discusión ya no gira solo en torno a una tasa. Lo que está en juego es algo más incómodo para cualquier intendente: cuánto puede exigirle a la gente cuando los resultados no aparecen.