La investigación por presunto lavado que apunta a la cúpula de la AFA pierde a su juez en medio de sospechas de parcialidad. Transferencias millonarias, vínculos cruzados y una causa que ahora queda en terreno incierto.
La causa judicial que puso bajo la lupa al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino acaba de sumar un dato que complica aún más su credibilidad: la Cámara Federal de Tucumán decidió apartar al juez Sebastián Argibay por dudas sobre su imparcialidad.
El motivo no es menor. Según el expediente, el magistrado habría tenido un vínculo previo con Toviggino a través de una operación inmobiliaria millonaria, con una fuerte diferencia entre el valor real y el declarado. Ese antecedente fue suficiente para que el fiscal pidiera su recusación y lograra sacarlo del caso.
La decisión deja la causa en una zona gris. El único otro juez federal de Santiago del Estero está de licencia, por lo que el expediente podría terminar en otra provincia mediante sorteo. Traducción: una investigación que ya venía cargada de tensiones ahora pierde continuidad y gana incertidumbre.
Pero el trasfondo es todavía más delicado. El dictamen fiscal describe un circuito de dinero que incluye fondos públicos, transferencias de la AFA y movimientos que se diluyen en cuestión de horas. Una empresa de seguridad vinculada al entorno de Toviggino habría recibido más de $1.200 millones del gobierno provincial, además de giros directos de la AFA por más de $1.300 millones.
El patrón es siempre el mismo: el dinero entra, no se queda y sale casi de inmediato. Para la fiscalía, esa dinámica funciona como una “cuenta puente” que dificulta seguir el rastro del destino final de los fondos.
La investigación también apunta a una red de sociedades y presuntos testaferros, con Toviggino señalado como posible jefe de una asociación ilícita. En ese contexto, el fiscal llegó a pedir la detención de Tapia, Toviggino y otros implicados.
La causa sigue abierta, pero ahora con una señal de alarma adicional: cuando el juez cae por vínculos con los investigados, el problema ya no es solo lo que se investiga, sino quién tiene que investigarlo.