La brutal expropiación de YPF en 2012, impulsada por la condenada Cristina Kirchner y su ministro estrella, Axel Kicillof, no fue solo una maniobra política disfrazada de “soberanía energética”, sino un desastre económico avalado por la casta política en pleno, con consecuencias que hoy le cuestan al país más de 26.000 millones de dólares.
Con una votación escandalosa y casi unánime, 208 de los 257 diputados nacionales levantaron la mano para aprobar la confiscación, mientras que 63 de los 72 senadores también dijeron que sí. Radicales, peronistas, camporistas, socialistas y hasta algunos “provinciales” aplaudieron la medida que hoy arrastra a la Argentina a una posible entrega del 51% de la petrolera a fondos extranjeros, como Burford y Eton Park.
En 2023, la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York falló contra la Argentina y ordenó el pago de 16.100 millones de dólares por la expropiación trucha que no respetó ni el estatuto de la empresa. A esto hay que sumarle los 10.000 millones que se terminarán pagando a Repsol, según el arreglo firmado por el burro de Kicillof en 2014. Total: más de 26.000 millones de dólares por una empresa que hoy no vale ni 14.000.
Todo fue una puesta en escena kirchnerista. Cristina montó una cadena nacional mientras Julio De Vido y Roberto Baratta (el de los cuadernos de las coimas) tomaban por la fuerza el edificio de YPF. La familia Eskenazi, favorecida años antes con créditos por miles de millones para quedarse con parte de la empresa, quedó afuera del acuerdo con Repsol. Luego vendieron su derecho a litigar a fondos buitre. Hoy, podrían embolsar miles de millones mientras el país se hunde.
La irresponsabilidad, el populismo energético y la improvisación ideológica de la casta peronista siguen generando deudas impagables. Mientras tanto, nadie paga los platos rotos: ni la condenada, ni Kicillof, ni los 208 diputados ni los 63 senadores que aplaudieron la entrega.