En el marco de un encuentro de la conducción nacional del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas realizado este jueves, dirigentes del espacio debatieron sobre el escenario político de cara a las elecciones del próximo año y pusieron el foco en la situación institucional del país.
Durante la reunión, el presidente de la organización, Marcelo Puella, sostuvo que antes de avanzar en la definición de candidaturas es necesario “garantizar la legitimidad de las instituciones democráticas”. En ese sentido, calificó como prioritaria la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del Partido Justicialista.
Puella afirmó que la condena contra la exmandataria “no es solo judicial, sino política” y consideró que su inhabilitación para ejercer cargos públicos condiciona el escenario electoral. “No existe un escenario más urgente que reclamar su liberación”, expresó.
El dirigente también cuestionó el impacto institucional del proceso judicial conocido como Causa Vialidad, en el que fue condenada la exjefa de Estado. Según planteó, distintos sectores políticos y sociales consideran que se trató de un proceso “controvertido” y con aspectos discutidos en términos de pruebas y procedimientos.
En esa línea, Puella señaló que “la calidad democrática de un país no se mide solo por la existencia de elecciones periódicas, sino por la plena vigencia del Estado de derecho, la independencia judicial y la garantía de derechos políticos sin restricciones indebidas”. Además, advirtió que la situación de Fernández de Kirchner, como principal figura opositora, “plantea interrogantes profundos sobre el funcionamiento real de las instituciones”.
Durante el encuentro también se expusieron argumentos que cuestionan la solidez de la condena. Entre ellos, se mencionó la presunta ausencia de pruebas directas que vinculen a la exmandataria con decisiones específicas para beneficiar a empresarios, así como la falta de peritajes concluyentes que acrediten perjuicios económicos al Estado.
Asimismo, se destacó que muchas de las obras públicas investigadas fueron efectivamente realizadas y que los mecanismos administrativos utilizados —como decretos o fideicomisos— forman parte de herramientas legales empleadas por distintos gobiernos.
Desde esta perspectiva, Puella advirtió que la condena a una dirigente con alta representación política, en un contexto donde “persisten dudas razonables”, genera preocupación institucional. “Cuando una parte significativa de la sociedad percibe que se ha vulnerado el debido proceso, se instala una duda legítima sobre la imparcialidad del sistema judicial”, sostuvo.
Finalmente, el dirigente llamó a “reafirmar principios básicos como la independencia de la justicia, el debido proceso y el respeto pleno de los derechos políticos”. Y concluyó: “El desafío es colectivo. Más allá de las posiciones políticas, la sociedad debe exigir transparencia, legalidad y equilibrio institucional para sostener una democracia real y plenamente vigente”.