El Presidente envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa amplía las sanciones por la explotación no autorizada de recursos en Malvinas y crea nuevas herramientas de protección marítima, aérea y de infraestructura estratégica.
El presidente Javier Milei envió este jueves al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que busca reforzar las herramientas del Estado frente a la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur sin autorización argentina.
El proyecto amplía el régimen vigente, que se concentra principalmente en hidrocarburos, para alcanzar cualquier aprovechamiento de recursos naturales renovables o no renovables. Las sanciones también podrían aplicarse a empresas, accionistas, proveedores y otras personas que participen de manera directa o esencial en esas operaciones.
Entre las penas previstas se incluyen condenas de hasta 20 años de prisión para determinadas actividades de explotación, multas calculadas sobre el valor de hasta tres millones de barriles de petróleo e inhabilitaciones comerciales. También se contemplan restricciones para contratar con el Estado, revocaciones de habilitaciones y otras consecuencias económicas.
La iniciativa incorpora además los delitos vinculados a estas actividades al régimen de juicio en ausencia, lo que permitiría avanzar judicialmente aun cuando los acusados no se encuentren a disposición de los tribunales argentinos.
Otro de los ejes es la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, coordinado por un Consejo encabezado por el Presidente e integrado, entre otros funcionarios, por el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía. El objetivo declarado es coordinar las herramientas diplomáticas, económicas, jurídicas, militares y de inteligencia vinculadas con la seguridad nacional.
El proyecto también establece procedimientos de protección aeroespacial y marítima. Prevé mecanismos para detectar e interceptar aeronaves consideradas irregulares u hostiles y procedimientos para detener e inspeccionar embarcaciones. En determinadas circunstancias contempla advertencias y otras medidas progresivas de intervención.
La propuesta surge en medio del avance del proyecto petrolero Sea Lion en el área de Malvinas. El Gobierno sostiene que la iniciativa busca impedir la explotación de recursos sin autorización argentina y señaló a ese desarrollo hidrocarburífero como uno de los motivos para avanzar con el nuevo régimen.
Además, la iniciativa propone reemplazar la Ley 26.659, vigente desde 2011, por un esquema más amplio. El Ejecutivo sostiene que el nuevo marco permitiría combinar sanciones económicas y penales con instrumentos de defensa, inteligencia y política exterior.
La Constitución Nacional establece que la Argentina ratifica su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y dispone que su recuperación, conforme al derecho internacional y respetando el modo de vida de sus habitantes, constituye un objetivo permanente e irrenunciable.
El proyecto deberá ahora atravesar el debate del Congreso. Milei pidió a las distintas fuerzas políticas que prioricen su tratamiento y presentó la iniciativa como parte de una estrategia para reforzar la capacidad jurídica e institucional del Estado argentino en la defensa de la soberanía y los recursos del Atlántico Sur.