Un nuevo pedido de informes reabre el debate sobre el uso de la publicidad oficial en la Provincia. Montos millonarios, falta de criterios claros y dudas sobre su distribución vuelven al centro de la escena.
La discusión por la pauta oficial en la Provincia de Buenos Aires volvió a activarse. La diputada Romina Braga presentó un pedido de informes para que el gobierno de Axel Kicillof detalle cómo se utilizan los recursos destinados a publicidad, especialmente a través del Banco Provincia.
El planteo apunta a un punto sensible: no solo cuánto se gasta, sino bajo qué criterios se decide ese gasto. La iniciativa exige información sobre los montos asignados entre 2022 y 2024, los contratos con influencers y figuras públicas, y si existieron evaluaciones reales sobre el impacto de esas campañas.
También se incorpora un elemento llamativo: el uso de los palcos del Estadio Único de La Plata. La pregunta es directa: si esos espacios se cedieron de forma gratuita y a quiénes, en un contexto donde cada recurso público empieza a ser observado con más lupa.
Los números no son menores. Solo en 2024, la pauta bonaerense alcanzó los $17.300 millones a través del Banco Provincia y Lotería. Pero el dato que recalienta la discusión es otro: en 2025, año electoral, el gasto habría trepado a $58.300 millones, con un aumento real del 63%.
Detrás de ese volumen aparece otro problema estructural: la ausencia de una ley que establezca criterios claros de distribución. Sin reglas formales, la asignación de pauta queda sujeta a decisiones administrativas, muchas veces por contratación directa y sin mecanismos robustos de control.
En ese esquema, algunos grupos mediáticos concentran una porción significativa de los recursos, lo que vuelve a poner sobre la mesa una sospecha recurrente en la política argentina: si la pauta es una herramienta de comunicación o un instrumento de poder.
El pedido de informes no resuelve el problema, pero lo expone. Y en un contexto electoral, la pregunta ya no es solo cuánto se gasta, sino para qué y con qué consecuencias políticas.
Cuando la publicidad oficial crece más rápido que las reglas que la ordenan, el debate deja de ser técnico y pasa a ser político. Y ahí, la discusión recién empieza.