La central obrera cuestionó a dos camaristas que habilitaron la vigencia de la reforma laboral y denunció falta de fundamentos. También objetó un pedido del Gobierno para extender el mandato de uno de los jueces.
La Confederación General del Trabajo (CGT) recusó a los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que la semana pasada reactivaron la aplicación de la reforma laboral y solicitó la nulidad del fallo.
La presentación, realizada por el abogado Pablo Topet, apunta contra los camaristas Víctor Pesino y María Dora González, a quienes acusa de haber prejuzgado al dictar la resolución. La central sostuvo que la sentencia “carece de todo fundamento” y cuestionó la forma en que se resolvió el caso.
El fallo de la Cámara dejó sin efecto una medida cautelar previa que había suspendido cerca de 80 artículos de la reforma laboral. Esas disposiciones estaban bajo análisis judicial tras un amparo presentado por la CGT, que plantea su inconstitucionalidad.
Uno de los puntos centrales del reclamo es la situación del juez Pesino. La entidad sindical señaló que el Gobierno envió al Senado un pedido para extender por cinco años su permanencia en el cargo, ya que el magistrado está próximo a cumplir 75 años, límite establecido por la Constitución. Según la CGT, esta situación configura un posible conflicto de intereses.
Además, la central obrera cuestionó la intervención de la Sala VIII en el expediente, al considerar que el caso correspondía a otra sala del tribunal, y señaló que la resolución fue adoptada sin que pudiera expresar su posición.
En el plano jurídico, la CGT reiteró su planteo de caso federal, lo que habilita una eventual intervención de la Corte Suprema de Justicia. También anticipó que podría acudir a organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los artículos en discusión abarcan modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, el régimen sindical, el cálculo de indemnizaciones y el derecho a huelga, entre otros aspectos. La Cámara resolvió restituir su vigencia mientras continúa el trámite judicial de fondo.
El conflicto judicial sigue abierto y podría escalar a instancias superiores, en un contexto de fuerte disputa entre el Gobierno y el sindicalismo por el alcance de la reforma laboral.