En una nueva jugada que parece sacada de una tragicomedia política, la ex presidenta y figura central del kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner, ha declarado judicialmente su incapacidad para “subsistir”, según sus abogados, a raíz de la cancelación de las multimillonarias asignaciones que recibía. La medida, tomada por la ANSES, se enmarca en una serie de decisiones que han dejado al descubierto una realidad financiera que contrasta brutalmente con la mínima jubilación argentina.
Durante años, Cristina ha sido la imagen de un estilo de vida opulento, percibiendo mensualmente cifras que rozaban los 35 millones de pesos entre su jubilación como ex presidenta y la pensión por viudez, sin contar el adicional por zona austral. Esta bonificación extra, que suma cifras de casi 6 millones adicionales, se avala en la declaración de su domicilio en Río Gallegos, evidenciando de manera inequívoca la diferencia entre lo que reciben los sectores más acomodados y los justos 355 mil pesos que se destinan a la jubilación mínima en el país.
El reclamo judicial de la exmandataria se presenta en un tono casi melodramático: argumenta que, sin esos montos millonarios, “no puede subsistir”, exponiendo de manera descarada una situación que intenta equiparar su lujosísima situación con la de aquellos que apenas reciben unos cuantos cientos de miles mensuales. Esta narrativa, respaldada por el hecho de que la ley 24.018 prohíbe el cobro simultáneo de dos beneficios y cuya incompatibilidad ya se encuentra bajo el lente de la Justicia, ha generado un clamor entre sus seguidores, mientras otros sectores la critican duramente por intentar disfrazar su privilegio millonario de vulnerabilidad.
La reacción en el entorno kirchnerista no se ha hecho esperar, y se han iniciado acciones administrativas y judiciales para revertir la medida, mientras se intensifica el debate sobre la justicia social en Argentina. El caso, que sigue abriendo grietas en el discurso oficial, resulta sorprendente al ver cómo se defienden unos beneficios que en su apogeo representaban una red de privilegios bajo la lupa de la opinión pública y la justicia. La controversia, lejos de disiparse, promete seguir siendo el foco de discusión en un país marcado por profundas desigualdades y un sistema de pensiones que destila contrastes inquietantes.