La presentación, impulsada por la ministra Patricia Bullrich, acusa al titular de ATE de promover una “crisis” institucional a partir de declaraciones públicas sobre la reforma laboral. El caso quedó radicado en la justicia federal.
El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal contra el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, por el presunto delito de amenaza de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática. La acción judicial fue firmada por Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, por instrucción directa de la ministra Patricia Bullrich. La causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Sergio Ramos.
El eje de la denuncia son las declaraciones del dirigente sindical en el marco del debate sobre el inminente proyecto oficial de reforma laboral. Durante una entrevista, Aguiar expresó: “Lo quiero decir con total sinceridad… Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno”. Para el Ministerio de Seguridad, esas palabras constituyen una amenaza pública dirigida a afectar el ejercicio del mandato del presidente Javier Milei.
Bullrich amplificó la acusación desde sus redes sociales: “Sí, es desestabilizador y golpista. Y ahora, denunciado penalmente por amenazas públicas contra el orden constitucional”, escribió. El presidente Milei replicó el mensaje.
Según el texto presentado ante la Justicia, las manifestaciones de Aguiar —difundidas por medios de comunicación y reproducidas en redes como Instagram, X y TikTok— encuadrarían en los artículos 226 y 226 bis del Código Penal, que sancionan las amenazas de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática. Para Soto, las expresiones del titular de ATE resultan “altamente reprochables” y podrían implicar un llamado deliberado a “poner en crisis” al Gobierno Nacional, afectando el normal funcionamiento de las instituciones.
El Ministerio solicitó que se inicie un sumario penal para investigar si existió una amenaza pública e idónea destinada a impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo. El pedido incluye la apertura formal de una causa bajo las figuras previstas en los artículos mencionados.
La denuncia se produce en un contexto de fuerte tensión política y sindical, con la reforma laboral como uno de los principales focos de conflicto entre el Gobierno y las centrales gremiales. El caso reaviva el debate sobre los límites entre la protesta sindical y la protección del orden democrático, y pone nuevamente bajo la lupa la responsabilidad de los dirigentes en sus manifestaciones públicas.
Semanas atrás, Aguiar se había reunido con Cristina Fernández de Kirchner en el edificio de San José 1111, encuentro que se interpretó como un gesto político en medio del creciente enfrentamiento del sindicalismo estatal con la administración Milei.
La presentación concluye solicitando que la Justicia actúe “conforme a derecho” y analice si la conducta denunciada se adecua a los delitos previstos por la legislación penal argentina, dejando en manos del Poder Judicial la evaluación final del caso.