La propuesta oficial incluye una recomposición salarial para docentes, aumentos en becas y mayores partidas para funcionamiento y hospitales universitarios. Las negociaciones se frenaron por la negativa de las universidades a retirar una demanda judicial vinculada al financiamiento del sector.
El Gobierno nacional y las universidades públicas mantuvieron una reunión para intentar resolver el conflicto presupuestario que atraviesa al sistema universitario. Durante el encuentro, el Ejecutivo presentó una propuesta que contempla incrementos salariales, refuerzos presupuestarios y la creación de una mesa técnica para continuar las negociaciones.
La oferta incluye una recomposición salarial del 24,3% para los docentes universitarios. Según la propuesta oficial, el aumento se abonaría en dos tramos: un 21,3% durante junio y el 3% restante en octubre. El esquema busca compensar pérdidas acumuladas de poder adquisitivo registradas entre 2024 y mayo de 2026.
Además, el Gobierno ofreció un aumento del 50% para las becas Manuel Belgrano, una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de $50.000 millones destinado a hospitales universitarios.
Otro de los puntos planteados fue la conformación de una comisión técnica para analizar cuestiones pendientes vinculadas al financiamiento de 2024 y establecer mecanismos de negociación paritaria con revisiones periódicas cada tres meses.
Fuentes universitarias calificaron la propuesta como “razonable”, aunque las conversaciones no prosperaron debido a una condición planteada por el Ejecutivo: el retiro de la demanda judicial presentada por las universidades para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Desde las casas de estudio rechazaron esa posibilidad y sostuvieron que la acción judicial constituye una herramienta de resguardo institucional que no están dispuestas a abandonar. También señalaron que no existe consenso dentro de la comunidad universitaria para avanzar en ese sentido.
Por su parte, desde el Gobierno consideran que la continuidad del litigio dificulta la posibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo y sostienen que ambas partes deberán acercar posiciones para destrabar el conflicto.
Mientras tanto, las universidades esperan una nueva convocatoria oficial para continuar las negociaciones y definir el esquema de financiamiento para los próximos meses. La expectativa de ambos sectores es encontrar una solución que permita garantizar el funcionamiento del sistema universitario y sus servicios asociados.