El Ministerio de Justicia iniciará este miércoles una nueva etapa de fiscalización sobre la AFA y la Superliga. Los enviados oficiales tendrán acceso a documentación contable, societaria y administrativa durante un plazo de 180 días.
El Gobierno nacional avanzará este miércoles con el operativo de fiscalización sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Superliga. Desde las 13, los veedores designados por el Ministerio de Justicia se presentarán formalmente en las sedes de ambas entidades para solicitar acceso a balances, contratos comerciales y documentación administrativa.
La medida forma parte de las investigaciones impulsadas por la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo encargado de controlar el funcionamiento de entidades civiles y sociedades. Según la resolución oficial, los abogados y contadores designados podrán requerir libros societarios, registros internos y estados contables durante un período de 180 días.
Los veedores nombrados por el Ministerio de Justicia son el abogado Diego Coste y el contador Miguel Pappacena. Ambos tendrán la tarea de relevar información vinculada al funcionamiento institucional y financiero de la AFA y la Superliga, en el marco de expedientes que analizan posibles irregularidades administrativas y económicas.
Desde el Gobierno sostienen que la medida no implica una intervención formal sobre la AFA, sino una “veeduría administrativa” destinada a garantizar acceso a la información y verificar el cumplimiento de normas societarias. Sin embargo, dentro del fútbol argentino la decisión es interpretada como un movimiento de fuerte impacto político sobre la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia.
La investigación tiene antecedentes en marzo, cuando durante la gestión de Daniel Roque Vítolo al frente de la IGJ ya se había dispuesto el envío de veedores para revisar contratos y balances de las entidades. En aquel momento, la conducción de la AFA rechazó la medida y cuestionó la competencia del organismo nacional sobre la asociación.
Uno de los puntos centrales del conflicto está relacionado con el domicilio legal de la AFA. Aunque históricamente funcionó en la sede de Viamonte 1366, en la Ciudad de Buenos Aires, la asociación trasladó en los últimos años su domicilio formal a Pilar, en la provincia de Buenos Aires. La conducción de Tapia sostiene que el control societario corresponde a organismos bonaerenses y no a la órbita nacional.
Pese a esa discusión, el Ministerio de Justicia mantuvo las veedurías y avanzó con nuevas inspecciones. Los enviados oficiales también se presentarán en la sede de la Superliga, ubicada en Puerto Madero, para iniciar el relevamiento documental.
Las investigaciones oficiales incluyen además operaciones vinculadas a contratos internacionales de la Selección Argentina y movimientos financieros bajo análisis en distintos expedientes administrativos y judiciales. Entre ellos aparecen reportes sobre transferencias millonarias y acuerdos comerciales observados por organismos estatales.
La tensión entre el Gobierno y la conducción de la AFA se profundizó en los últimos meses a raíz de denuncias tributarias, cuestionamientos sobre estructuras financieras y disputas políticas vinculadas al control institucional del fútbol argentino.
En el entorno de Tapia consideran que la ofensiva estatal tiene un componente político y aseguran que las medidas exceden una simple fiscalización administrativa. En cambio, desde el Ministerio de Justicia afirman que el objetivo es garantizar transparencia y acceso a la información.
Durante las próximas semanas, los veedores deberán elaborar informes técnicos sobre balances, contratos y estructuras administrativas de las entidades investigadas. El foco oficial estará puesto en el nivel de colaboración que encuentren al momento de requerir la documentación solicitada.