
El concejal de La Libertad Avanza presentó una iniciativa que establece cómo deberá actuar el Municipio frente a piquetes, marchas y otras interrupciones de la circulación. El proyecto busca garantizar el tránsito, proteger servicios esenciales y establecer reglas claras para la intervención municipal.
El concejal Gastón Manuel Álvarez encabezó la presentación de un proyecto para crear en La Plata un “Protocolo Municipal de Actuación ante Cortes de Calles y Alteraciones a la Libre Circulación”, una herramienta que busca fijar criterios de actuación para el Municipio frente a manifestaciones, movilizaciones, acampes y cortes totales o parciales de calles. El texto oficial establece como objetivo compatibilizar el derecho a la protesta con la libre circulación, la prestación de servicios públicos esenciales y los derechos constitucionales de terceros.
Álvarez sintetizó el espíritu de la iniciativa con una definición que difundió en sus redes sociales: “Que la protesta de unos pocos no pisotee los derechos de los demás”. En la misma publicación vinculó la propuesta con los incidentes registrados el 26 de junio en el Palacio Municipal y cuestionó la respuesta del Ejecutivo local.
La iniciativa establece que las secretarías municipales de Control Urbano y Convivencia y de Seguridad sean las autoridades encargadas de aplicar el protocolo y coordinar las intervenciones con otras dependencias municipales y, cuando corresponda, con organismos provinciales y judiciales. El mecanismo podrá activarse ante marchas, concentraciones, cortes, acampes u otras situaciones que afecten significativamente la circulación o el funcionamiento de servicios esenciales.
Uno de los puntos centrales es que, detectado un corte, el Municipio deberá verificar la situación, identificar el lugar y las características de la interrupción, informar a los organismos competentes cuando corresponda, implementar desvíos de tránsito y mantener canales de diálogo con los manifestantes. También deberá preservar especialmente los accesos a hospitales, escuelas, estaciones de bomberos, servicios de emergencia y transporte público.
El proyecto contempla además medidas para minimizar la ocupación de la calzada, ordenar el tránsito, instalar vallados preventivos cuando sean necesarios y comunicar oficialmente a los vecinos cuáles son las calles afectadas, las vías alternativas y la duración estimada de las interrupciones.
Un registro público de los cortes
Otro de los ejes impulsados por Álvarez es la creación del Registro Municipal de Cortes y Alteraciones de la Vía Pública, que deberá ser de acceso público. Allí quedarán asentados la fecha y duración de cada interrupción, el lugar, el motivo informado, los organismos que intervinieron, el grado de afectación de la circulación, las medidas adoptadas y el costo de cada operativo.
La propuesta obliga además al Municipio a elaborar un informe técnico sobre los recursos utilizados en cada intervención, incluyendo agentes afectados, horas extraordinarias, vehículos, señalización, vallados y otros gastos. En aquellos casos en los que se produzcan daños a bienes municipales o gastos extraordinarios de limpieza, reparación o reposición, el Ejecutivo podrá promover acciones para recuperar esos costos previa determinación de la responsabilidad correspondiente.
La iniciativa también prevé capacitaciones permanentes para los agentes municipales que intervengan, con contenidos vinculados al ordenamiento del tránsito, la mediación, la gestión pacífica de conflictos, los derechos constitucionales y la actuación ante emergencias. En caso de aprobarse, el Ejecutivo tendría 90 días desde su promulgación para reglamentarla.
En los fundamentos, los autores vinculan directamente la propuesta con los acontecimientos del 26 de junio en el Palacio Municipal y sostienen que esos episodios mostraron la necesidad de contar con procedimientos previamente establecidos para evitar respuestas descoordinadas y proteger tanto la prestación de servicios como la seguridad de vecinos y trabajadores.
Con el proyecto, Álvarez instala en el Concejo Deliberante una discusión concreta sobre cómo debe responder La Plata ante los cortes de calles: reconocer el derecho a manifestarse, pero establecer procedimientos para preservar simultáneamente la circulación, los servicios esenciales y los derechos del resto de los vecinos. La iniciativa deberá ahora avanzar en su tratamiento legislativo dentro del Concejo.