
La inseguridad en la Provincia de Buenos Aires sigue mostrando niveles alarmantes y el kirchnerismo provincial, con Axel Kicillof a la cabeza, mira para otro lado. Este martes, un empresario yerbatero fue víctima de una audaz salidera bancaria en City Bell, donde delincuentes se llevaron $70 millones en efectivo que acababa de retirar minutos antes de una sucursal del Banco Galicia en La Plata.
El hecho ocurrió en plena luz del día y con una impunidad que refleja el descontrol total del sistema de seguridad en la provincia. La víctima, identificada como el propietario de la firma Molinos Unidos S.A., domiciliado en Lanús, había salido de la sucursal del Galicia ubicada en las calles 44 y 30, en el barrio La Loma de La Plata, con el dinero oculto en un bolso que escondió debajo de uno de los asientos de su vehículo.
Tras concretar el retiro, se dirigió hacia la localidad de City Bell. Pero al llegar a la esquina de Camino Centenario y calle 466, advirtió que una de las ruedas traseras del vehículo estaba desinflada. Detuvo la marcha frente a una estación de servicio para cambiarla, y allí comenzó el golpe. Mientras manipulaba la rueda, escuchó que una de las puertas del auto se abría: en cuestión de segundos, dos motochorros tomaron el bolso con el dinero y se fugaron a toda velocidad. Hasta el momento no hay detenidos ni sospechosos.
Este nuevo episodio evidencia una operatoria delictiva cada vez más frecuente en el Conurbano y zonas aledañas: delincuentes que siguen a empresarios desde los bancos y actúan en momentos precisos, con inteligencia previa y planificación. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad bonaerense, bajo la gestión de Javier Alonso —funcionario de Axel Kicillof— brilla por su ausencia.
La salidera no solo revela un fallo total en los sistemas de prevención del delito, sino también una connivencia política con la decadencia. La Provincia está sumida en una ola delictiva imparable, y el gobierno provincial prefiere seguir gastando millones en festivales ideológicos y cargos para militantes antes que en seguridad ciudadana.
El empresario, shockeado pero ileso, radicó la denuncia correspondiente, aunque fuentes del caso reconocen que las posibilidades de recuperar el dinero son prácticamente nulas.
Así, una vez más, el ciudadano de a pie paga el precio de un Estado ausente, controlado por una dirigencia que protege delincuentes y abandona a los trabajadores y productores que aún apuestan por el país.