La fiscalía pidió ampliar la investigación contra la AFA y varios de sus dirigentes tras una denuncia de ARCA por presuntas maniobras de evasión fiscal. La causa apunta al supuesto uso de proveedores apócrifos y facturación falsa por más de $900 millones.
El fiscal Claudio Navas Rial pidió este martes ampliar la investigación contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y parte de su conducción por presuntas maniobras de evasión tributaria mediante el uso de facturas falsas.
La presentación judicial se basa en una nueva denuncia realizada por ARCA ante el juez en lo penal económico Diego Amarante. Según el escrito, la entidad habría utilizado proveedores presuntamente apócrifos para encubrir el destino final de fondos vinculados al impuesto a las Salidas No Documentadas.
De acuerdo con la investigación, la base imponible detectada supera los $916 millones, mientras que el ajuste reclamado a favor del fisco, entre impuestos, intereses y multas, supera los $320 millones.
Para el fiscal, existen elementos suficientes para avanzar sobre el presunto delito de evasión agravada contemplado en el Régimen Penal Tributario. Además, sostuvo que las maniobras investigadas podrían configurar una “asociación ilícita fiscal”, sumándose a otros cargos previos vinculados a retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social.
Entre las irregularidades señaladas aparecen 24 proveedores cuestionados por inconsistencias operativas, domicilios inexistentes, falta de empleados y movimientos bancarios incompatibles con las tareas facturadas.
Uno de los casos mencionados es el de Central Hotel SRL, que facturó $9,6 millones por supuestas obras en el predio de Ezeiza. Sin embargo, la firma se dedicaba al rubro hotelero y los cheques recibidos habrían sido utilizados en operaciones vinculadas a la compra y venta de ganado.
También figura Capadoccia SRL, que emitió facturas por más de $56 millones por refacciones y materiales. Según ARCA, la empresa no pudo ser localizada y una de las personas vinculadas declaró no conocer la sociedad ni las operaciones realizadas.
Otra de las firmas bajo análisis es Prussian Blue SRL, que facturó cerca de $19,2 millones por servicios digitales y actualización de software. La investigación sostiene que sus responsables no tendrían capacidad técnica ni estructura para prestar esos servicios.
En su dictamen, el fiscal sostuvo que las operaciones analizadas presentan un patrón reiterado y carecen de “sustento económico real”, por lo que considera que las facturas habrían sido utilizadas para retirar fondos de la AFA sin identificar con precisión a los destinatarios finales y evitando el pago de impuestos.
La ampliación de la causa alcanza a Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, Víctor Blanco, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo, además de la AFA como persona jurídica.
La investigación se suma a otros expedientes que ya involucran a dirigentes de la entidad. En una causa previa, varios de ellos fueron procesados por presunta retención indebida de aportes, decisión que actualmente está siendo revisada por la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
En paralelo, Tapia mantiene una prohibición de salida del país, aunque el juez Amarante autorizó nuevos viajes al exterior entre mayo y julio de 2026 con destino a Hungría, Estados Unidos, México y Canadá, bajo control judicial y con autorización previa.
La causa continúa en etapa de investigación y suma nuevos elementos vinculados al presunto uso sistemático de facturación apócrifa dentro de la estructura administrativa de la AFA. La fiscalía busca determinar el recorrido final de los fondos y el eventual grado de responsabilidad de los dirigentes involucrados.