Errores en la comunicación, eliminación anticipada de boletas en papel y una campaña agresiva de cobro generaron un desborde en la atención. La postal: vecinos haciendo fila por horas para resolver problemas que no provocaron.
La sucursal de ABSA en avenida 7 se convirtió en un punto crítico esta semana. Desde el lunes, cientos de usuarios se acercaron para resolver problemas vinculados a la facturación y a deudas del servicio, pero la capacidad de atención colapsó rápidamente.
El detonante fue una combinación de decisiones mal ejecutadas. Por un lado, la empresa había comunicado que dejaría de enviar boletas en papel recién a partir de junio, en línea con la Ley 15.557. Sin embargo, en la práctica, muchos usuarios dejaron de recibirlas antes de lo previsto, sin una transición clara ni asistencia suficiente.
Por otro lado, ABSA lanzó en paralelo una campaña intensiva para recuperar deudas, incluyendo intimaciones judiciales. El resultado fue previsible: usuarios preocupados por posibles acciones legales se sumaron a quienes no sabían cómo pagar sin factura, todos concentrados en una misma oficina.
El cruce de ambas situaciones generó un cuello de botella que expuso falencias estructurales en la gestión del servicio. Filas largas, demoras y enojo fueron la constante durante días en una dependencia que claramente no estaba preparada para absorber esa demanda.
El problema excede lo operativo. La falta de planificación y comunicación efectiva en un servicio público esencial vuelve a poner en discusión la calidad de gestión en la empresa provincial, en un contexto donde los usuarios no tienen margen para elegir proveedor ni alternativas.
Cuando un servicio básico falla en lo elemental —informar, cobrar y atender— el problema deja de ser administrativo y pasa a ser político. Y la pregunta queda abierta: quién se hace cargo cuando el sistema directamente no responde.