Las compañías vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion registraron bajas en los mercados tras la decisión del Gobierno argentino de avanzar con sanciones y acciones judiciales contra empresas que operan en torno a las Islas Malvinas sin autorización nacional.
Las acciones de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, las dos compañías que participan del proyecto petrolero Sea Lion, volvieron a registrar caídas en los mercados en medio del endurecimiento de las medidas del Gobierno argentino contra las empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en aguas cercanas a las Islas Malvinas.
Según los datos difundidos este miércoles, los papeles de Navitas retrocedieron un 2,97%, mientras que los de Rockhopper cayeron un 5,59%. Las bajas se producen después de una primera reacción negativa del mercado al anuncio argentino: el viernes pasado, ambas compañías habían llegado a perder hasta un 6% y un 12%, respectivamente.
El Gobierno nacional reforzó en los últimos días las medidas contempladas por la Ley 26.659, que establece sanciones para personas y empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional. A través del Decreto 868/2026, Cancillería fue designada como autoridad de aplicación de esa normativa.
La administración de Javier Milei también avanzó con una denuncia penal contra Navitas Petroleum y otras compañías involucradas en actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
Además, el Ejecutivo inició procedimientos sancionatorios contra 60 personas físicas y jurídicas presuntamente relacionadas con actividades alcanzadas por la legislación argentina: 45 expedientes fueron anunciados inicialmente y otros 15 se incorporaron posteriormente.
El foco de la disputa es Sea Lion, un proyecto ubicado al norte de las Islas Malvinas. Navitas Petroleum posee el 65% de la participación y opera el desarrollo, mientras Rockhopper Exploration controla el 35% restante. La inversión prevista ronda los US$2.200 millones y el comienzo de la producción está proyectado para 2028, con una primera etapa estimada en unos 50.000 barriles diarios.
Argentina considera que las actividades petroleras realizadas en la zona sin autorización nacional violan su legislación y afectan su reclamo de soberanía. Navitas y Rockhopper, en cambio, sostienen que cuentan con licencias válidas otorgadas por las autoridades de las islas y con respaldo del Gobierno británico.
Las nuevas medidas argentinas agregan presión política y jurídica sobre el proyecto Sea Lion. Aunque las compañías aseguran que el conflicto no modificará sus planes de desarrollo, la evolución de sus acciones muestra que el escenario en torno al proyecto continúa siendo seguido de cerca por los mercados.