La expresidente cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad y tiene una condena firme de seis años. Ahora buscará trasladar el caso al plano internacional bajo el argumento de que fue víctima de una persecución política y judicial.
Cristina Kirchner, presa bajo la modalidad domiciliaria por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, anunció que llevará su condena ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pese a que la sentencia fue revisada y quedó firme en la Justicia argentina, la expresidenta volvió a presentarse como víctima de una supuesta “proscripción política”.
La exmandataria fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad. La Justicia la consideró responsable de una maniobra destinada a favorecer al empresario Lázaro Báez mediante la adjudicación irregular de obras públicas en Santa Cruz.
La sentencia quedó firme en junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó por unanimidad el recurso de su defensa. Desde entonces, Kirchner cumple la pena en su domicilio y no puede presentarse como candidata ni ocupar cargos públicos.
Sin embargo, en una extensa carta abierta titulada El costo democrático de la politización de la justicia, la expresidente evitó reconocer la condena y volvió a atribuir su situación a una persecución política. “La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es solo la accesoria”, afirmó.
Kirchner también sostuvo que fue juzgada por su condición de mujer y acusó al Poder Judicial de actuar con “machismo estructural”. Incluso vinculó el proceso judicial con el atentado que sufrió en septiembre de 2022, aunque se trata de investigaciones diferentes y sin una relación judicial establecida entre sí.
La presentación internacional será encabezada por el abogado brasileño Rafael Valim y el jurista español Javier Borrego. La defensa cuestionará la independencia de los tribunales argentinos, la incorporación de pruebas y la revisión realizada por la Corte Suprema. También pedirá la suspensión de la inhabilitación perpetua y cambios en las condiciones de la prisión domiciliaria.
Como parte de la estrategia, Kirchner difundió su versión en medios de España, Brasil y Francia. El objetivo será instalar en el exterior la interpretación de que la condena respondió a una maniobra para excluirla de la competencia electoral.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU puede examinar posibles incumplimientos de tratados internacionales, pero no funciona como una nueva instancia penal ni puede borrar automáticamente una sentencia argentina. Por lo tanto, recurrir al organismo no suspenderá la pena ni devolverá a Kirchner la posibilidad de competir electoralmente.
Más allá de la ofensiva política y comunicacional, su situación permanece sin cambios: Cristina Kirchner continúa presa, cumple una condena firme de seis años por defraudar al Estado y está inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos.