Salarios depreciados, sobrecarga laboral y falta de apoyo en salud mental exponen una crisis interna que ya impacta en el clima político. La tensión dentro de la fuerza empieza a salir a la superficie.
La crisis dentro de la Policía Bonaerense dejó de ser un problema silencioso y empezó a mostrar señales visibles de desgaste. Desde el Sindicato Policial de la Provincia de Buenos Aires advierten que la situación combina salarios bajos, jornadas extensas y una estructura que, lejos de contener, termina presionando a sus propios efectivos.
Según el secretario general del gremio, Nicolás Masi, los policías trabajan más de ocho horas diarias con horas extra que no siempre se pagan correctamente y que, en muchos casos, no son opcionales. La falta de personal convierte ese esquema en una obligación constante, generando un círculo difícil de sostener.
El dato más sensible está en los ingresos: sueldos que rondan los 800 mil pesos, muy por debajo de lo que el propio sector considera necesario para cubrir la canasta básica. El impacto es doble: pérdida de poder adquisitivo y menor atractivo para nuevos aspirantes, en una fuerza que empieza a depender más de la necesidad que de la vocación.
A ese escenario se suma otro punto crítico: la ausencia de contención en salud mental. Policías que atraviesan situaciones de alta violencia no cuentan con acompañamiento psicológico o psiquiátrico sistemático. La carga emocional queda librada a cada individuo, en un contexto laboral que exige al máximo.
El malestar ya no se limita a puertas adentro. En actos oficiales recientes, se registraron silbidos hacia el gobernador Axel Kicillof, una señal de que la tensión interna empieza a filtrarse al plano político. Desde el sindicato interpretan que el propio discurso oficial reconoce problemas estructurales sin resolverlos.
En paralelo, denuncian sanciones y detenciones a efectivos que participan en reclamos, en un esquema que —según plantean— prioriza el disciplinamiento por sobre la solución de fondo. Mientras tanto, muchos policías recurren a trabajos adicionales para sostener sus ingresos.
El resultado es una fuerza exigida, mal paga y sin respaldo claro, en una provincia donde la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones. La tensión ya está instalada. La pregunta es cuánto más puede escalar antes de convertirse en un problema político mayor.