En un verdadero cachetazo judicial para los fondos buitres y un freno histórico al saqueo que el kirchnerismo dejó servido en bandeja, la Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió por tiempo indeterminado la entrega del 51% de las acciones de YPF, que la jueza Loretta Preska había ordenado transferir a los carroñeros financieros que emboscaron a la Argentina por la torpe e ilegal expropiación que encabezó Axel Kicillof en 2012, durante el segundo mandato de la condenada Cristina Kirchner.
Se trata de una contundente victoria del equipo de abogados contratados por el Gobierno nacional, que logró detener el ultimátum de 72 horas que Preska había lanzado para quedarse con la mayoría accionaria de la petrolera. La maniobra del kirchnerismo no sólo dejó al país expuesto a una multa escandalosa de USD 16.099 millones, sino que ahora amenaza directamente la soberanía energética, Vaca Muerta y el futuro del GNL.
El fallo, firmado por la secretaria del Tribunal de Apelaciones Catherine O’Hagan Wolfe, suspende la entrega de acciones hasta que un panel de tres jueces analice el pedido formal de Argentina. Mientras tanto, el kirchnerismo guarda silencio cómplice tras haber sido el principal responsable del escándalo internacional que casi hace perder el control estatal de YPF.
Los abogados del país sostuvieron que la orden de Preska viola el derecho federal estadounidense, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras y principios básicos de cortesía internacional. Incluso el propio Departamento de Justicia de EEUU expresó diferencias con el criterio de la jueza, pero al kirchnerismo poco le importó en su momento: la improvisación y el relato siempre fueron su manual de cabecera.
El gobernador de Chubut, Nacho Torres, anunció que la provincia también intervendrá en la causa para frenar el embargo sobre sus acciones en YPF. “Vamos a defender lo nuestro tanto de la demagogia kirchnerista como del atropello de una jueza estadounidense que ignora que las provincias petroleras también somos accionistas”, sentenció.
Una vez más, el gobierno de Javier Milei da pelea y consigue aire en los tribunales internacionales. Mientras tanto, Kicillof y la condenada Cristina se esconden y callan ante el desastre jurídico que dejaron armado para que el país lo pague durante décadas.