El titular de la AFA negó cualquier vínculo con la casa millonaria investigada en Pilar y ratificó una denuncia por extorsión. En el centro del conflicto, un negocio de fotomultas sin aval legal que fue frenado desde el CEAMSE y, según su versión, detonó una campaña en su contra.
Claudio “Chiqui” Tapia declaró este miércoles bajo juramento y fue directo a uno de los puntos más sensibles del expediente: “No tengo nada que ver con la casa de Pilar”. Se refirió a la propiedad ubicada en Villa Rosa, valuada en unos 17 millones de dólares y con una llamativa colección de 54 autos de alta gama, que la Justicia investiga a nombre de presuntos testaferros.
El expediente, hoy en manos del juez federal de Campana Adrián González Charvay, ya pasó por distintos fueros sin imputaciones formales contra Tapia ni otros dirigentes de la AFA. Ese dato, hasta ahora, juega a favor del presidente del fútbol argentino.
Pero Tapia fue más allá y puso el foco en el origen del conflicto. Según su relato, las tensiones comenzaron cuando el CEAMSE —organismo que también preside— detectó cámaras de fotomultas instaladas en el Camino del Buen Ayre sin autorización vigente, sin licitación adjudicada y sin respaldo contractual. La respuesta fue administrativa y concreta: cortar el suministro eléctrico hasta que aparecieran los papeles. Los papeles, dice, nunca llegaron.
A partir de esa decisión, Tapia aseguró haber recibido presiones. Apuntó al empresario Leandro Camani, vinculado a la firma Secutrans, como quien habría exigido reactivar el sistema y amenazado con “salir en todos los medios” si no lo hacían. Las advertencias, siempre según su declaración, incluían exponer información sobre su vivienda en Pilar y activar una ofensiva pública.
En ese marco, Tapia denunció por extorsión a dirigentes de la Coalición Cívica que impulsaron las causas en su contra, a quienes vinculó con Camani. La hipótesis que plantea es clara: no se trata de una cruzada moral contra el poder del fútbol, sino de una represalia por haber frenado un negocio millonario.
La defensa, a cargo de Gregorio Dalbón, endureció el tono y habló de un “mecanismo extorsivo organizado” con intereses económicos concretos. Pidió investigar no solo amenazas, sino también posibles delitos más amplios vinculados a la operatoria denunciada.
Mientras tanto, el expediente avanza y la Justicia deberá ordenar las piezas: una mansión bajo investigación, un negocio de fotomultas sin aval, denuncias cruzadas y un dirigente que asegura estar más cerca de un apriete que de un enriquecimiento ilícito probado.
El dato incómodo queda flotando: si la casa no es suya y el sistema de fotomultas no tenía papeles, ¿el escándalo nació por transparencia tardía o por negocios que alguien no pudo cerrar? La respuesta, por ahora, no está en la tribuna sino en los tribunales.