El secretario de Transporte dejó su cargo tras una denuncia por presunta corrupción en los subsidios al transporte. El número que incomoda: $30.000 millones. La explicación oficial: “motivos personales”.
La salida de Luis Pierrini de la Secretaría de Transporte no fue prolija ni silenciosa. Llegó después de que se conociera una denuncia por una presunta estafa millonaria en el sistema de subsidios vinculados a la tarjeta SUBE. El cálculo del perjuicio al Estado ronda los $30.000 millones.
La maniobra denunciada apunta a la empresa de colectivos La Nueva Metropol, que habría alterado datos técnicos del sistema: validar recorridos más largos que los reales para cobrar subsidios mayores. Más kilómetros en el sistema, más plata en la cuenta. El problema es que esos kilómetros no existirían en la calle.
Según la presentación judicial realizada por la Asociación Arco Social, el mecanismo se habría sostenido durante meses sin controles efectivos. Incluso, aseguran que hubo advertencias técnicas formales en diciembre de 2025 por parte de cámaras empresarias del sector. La respuesta oficial, según la denuncia, fue la inacción.
Pierrini se fue hablando de “motivos personales”. Pero en el Ministerio de Economía tomaron otra decisión: eyectarlo del cargo. La salida contó con aval político y abrió una etapa de revisión más amplia en áreas sensibles del transporte.
El reemplazo también llamó la atención. Fernando Herrmann, arquitecto y proveniente del sector privado, asumió sin antecedentes en transporte. Un dato que suma preguntas en un área bajo la lupa.
La investigación tomó volumen tras una publicación periodística que detalló cómo se habrían modificado boletos para simular recorridos más extensos. Desde la empresa involucrada lo niegan todo y hablan de una interna empresaria: apuntan contra el Grupo Dota como impulsor de la denuncia.
El caso todavía está abierto. Los números son grandes, las responsabilidades también.
La pregunta que queda flotando es simple: ¿falló un funcionario, o falló el sistema de control completo?