En medio de una nueva embestida del aparato político-judicial contra el Gobierno, el abogado y profesor universitario Manuel García Mansilla presentó este lunes su renuncia irrevocable como juez de la Corte Suprema de Justicia, a apenas 40 días de haber asumido el cargo por decreto del presidente Javier Milei.
El paso fugaz de García Mansilla por el máximo tribunal se dio en un contexto de fuerte tensión institucional, luego de que el Senado –copado por la casta kirchnerista y algunos aliados funcionales– decidiera rechazar su pliego por motivos puramente políticos, violando lo que establece la Constitución Nacional, que solo permite objetar a un candidato por falta de idoneidad.
García Mansilla había sido designado mediante el decreto 137/25, firmado el 25 de febrero por el Presidente. En el mismo acto, también se propuso al juez federal Ariel Lijo, quien no asumió ya que se negó a renunciar a su actual cargo, como exige el reglamento interno de la Corte.
El viernes pasado, en una muestra más de cómo funciona la rosca del Congreso, el Senado rechazó los nombramientos de ambos juristas. A partir de allí, comenzó una fuerte presión política y judicial para forzar la salida de García Mansilla, quien hasta entonces ejercía con respaldo legal.
A esa ofensiva se sumó el juez federal kirchnerista Alejo Ramos Padilla, que dictó una medida cautelar exprés prohibiéndole firmar resoluciones por 90 días. El fallo se amparó en una interpretación caprichosa del artículo 99 de la Constitución, omitiendo que el rechazo del Senado debe fundarse exclusivamente en criterios de idoneidad.
Desde el Gobierno, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el propio García Mansilla defendieron la legalidad del decreto, y recordaron que la remoción de un juez solo puede realizarse mediante juicio político. Además, el Ejecutivo presentó un recurso de per saltum ante la Corte, que lamentablemente fue desestimado por los tres ministros restantes: Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz.
La renuncia de García Mansilla refleja el grado de podredumbre del sistema político y judicial argentino, donde las normas se interpretan según convenga a los intereses de la casta. Hoy la Corte vuelve a quedar con solo tres miembros, y la República pierde a un jurista íntegro que fue sacado del cargo por no formar parte del club de amigos del poder.