El oficialismo intenta acelerar el tratamiento de la reforma laboral en Diputados para llegar con la ley aprobada al 1° de marzo. Pero los aliados piden cambios y cuestionan el apuro. El reloj corre y la tensión sube.
La reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado ya desembarcó en Diputados, pero el camino no parece sencillo. La Libertad Avanza busca dictaminarla en comisión la próxima semana y tratarla en el recinto antes de la apertura de sesiones ordinarias, cuando el presidente Javier Milei hablará ante la Asamblea Legislativa.
El problema es doble: político y reglamentario. El reglamento de la Cámara establece que deben pasar al menos 10 días entre el dictamen y el tratamiento en el recinto durante sesiones extraordinarias. Para sortear ese límite, el oficialismo evalúa extender el período hasta el 28 de febrero mediante decreto.
Hubo incluso una idea que circuló en los despachos libertarios: convocar a comisión en pleno feriado de carnaval. La propuesta chocó con la realidad. “No podemos obligar a los socios”, admitieron desde el bloque. Ni siquiera todos los propios estaban dispuestos a quedarse.
Pero el mayor obstáculo no es el calendario, sino los aliados. Desde el PRO reclaman que el texto incluya la posibilidad de que los salarios puedan cobrarse a través de billeteras virtuales y bancos digitales. Cristian Ritondo lo planteó con claridad: sostienen que el trabajador debe poder elegir dónde percibir su sueldo.
El oficialismo, en cambio, no quiere abrir el texto. ¿La razón? Cualquier modificación obligaría a que el proyecto vuelva al Senado, lo que dilataría los tiempos y frustraría la meta política de tener la ley sancionada antes del 1° de marzo.
Del otro lado, la oposición cuestiona la velocidad del trámite. Señalan que en el Senado el debate llevó casi dos meses y que en Diputados pretenden resolverlo en una tarde. “Un tratamiento exprés habla de falta de responsabilidad”, deslizan.
El escenario es claro: el Gobierno necesita rapidez, el PRO pide retoques, el peronismo exige más debate y el reglamento no ayuda.
La pregunta es si habrá acuerdo de último momento o si el apuro terminará complicando una ley que el oficialismo considera clave. Porque en política, a veces, el reloj no solo marca la hora: también marca los límites.