El 2 de marzo no será una jornada protocolar. Mientras el gobernador Axel Kicillof inaugure las sesiones ordinarias, en la calle habrá paro y movilización de estatales, docentes y judiciales. El conflicto salarial vuelve a explotar en simultáneo con el discurso oficial.
El lunes 2 de marzo promete ser un día de alta tensión en la provincia de Buenos Aires. ATE bonaerense confirmó un paro con movilización al puente Pueyrredón desde las 9 de la mañana, en reclamo por la pérdida del poder adquisitivo y en rechazo al ajuste nacional.
El gremio apunta al impacto de los tarifazos y a la quita de fondos nacionales. Según sus datos, entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 la canasta de servicios públicos en el AMBA subió 593%, mientras que el nivel general de precios acumuló 200%. Además, denuncian la retención de 22 billones de pesos que —afirman— la Nación debe girar a la Provincia.
Pero la presión no viene solo desde Nación. ATE exige la reapertura urgente de la negociación salarial con el gobierno provincial para evitar que 2026 arranque con otra caída del ingreso real. Reclaman recomposición, aumentos de emergencia para los sectores más bajos, recategorizaciones, pase a planta permanente y avances en el Convenio Colectivo.
En paralelo, la FEB convocó a paro docente tras rechazar la oferta salarial bonaerense. Y la Asociación Judicial Bonaerense anunció que paralizará los 20 departamentos judiciales sin presencialidad ni teletrabajo. El reclamo: equiparar salarios a la inflación de 2026, compensar lo perdido en 2025 y garantizar mejoras previsionales.
El conflicto escala también a nivel nacional. Los gremios universitarios nucleados en CONADU anunciaron un paro de una semana por la Ley de Financiamiento Universitario vetada por el presidente Javier Milei, pese a un fallo judicial que ordena el envío de fondos.
El resultado es un combo incómodo para la Provincia: reclamo salarial, ajuste nacional, fondos retenidos y paritarias abiertas el mismo día que el gobernador busca marcar agenda en la Legislatura.
La pregunta que sobrevuela es inevitable: si los salarios pierden contra la inflación y los fondos no llegan, ¿la responsabilidad es solo de Nación o la Provincia también tiene margen para evitar que el conflicto se repita cada año?