Mientras Diputados se prepara para tratar la reforma laboral, la CGT activa un paro nacional con transporte paralizado. El Gobierno anticipa descuentos salariales a quienes se adhieran. La tensión escala dentro y fuera del Congreso.
La reforma laboral vuelve al centro del ring político y sindical. El oficialismo busca dictamen el miércoles para tratar el proyecto el jueves en Diputados. Si se confirma ese escenario, la CGT avanzará con un paro nacional que esta vez promete impacto real: colectivos, trenes, subtes y taxis se sumarán a la medida.
Desde Casa Rosada no dudaron en marcar la cancha. Dos altas fuentes confirmaron que se descontará el día a los empleados estatales que no se presenten a trabajar. “Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados”, deslizó un funcionario. El mensaje es claro: el paro tendrá costo.
La logística no será menor. Sin transporte público, el Gobierno exige presencia “sí o sí” en los puestos de trabajo. Del otro lado, los gremios redoblan la presión. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) no solo adhiere al paro sino que convocó a movilizar al Congreso el mismo día del debate. Su titular, Rodolfo Aguiar, cuestionó el trámite legislativo y deslizó ironías sobre el Senado, donde —según dijo— “hubo más valijas que en Retiro en vacaciones”.
La CGT, en cambio, convocó al paro pero sin movilización masiva. Esa decisión ya genera ruido interno. Desde la UOM Córdoba, por ejemplo, tildaron de “bastante tibios” a los dirigentes cegetistas por no endurecer la medida.
El disparador fue el artículo sobre licencias médicas, que generó fuerte polémica y obligó al oficialismo a retroceder parcialmente. Sin embargo, los sindicatos advierten que hay otros puntos sensibles: la ultraactividad de los convenios, la posibilidad de que un convenio de empresa prevalezca sobre uno por actividad y la regulación de asambleas en lugares de trabajo.
En el Gobierno sostienen que haber cedido en las licencias debería desactivar parte del conflicto. En el sindicalismo creen que la discusión recién empieza y que el Congreso no puede sesionar “sin presión en la calle”.
La escena que se perfila es clara: Parlamento caliente, transporte paralizado y descuento salarial asegurado para quienes adhieran. Una reforma que nació como “modernización” terminó convertida en pulseada directa entre la Casa Rosada y el sindicalismo.
La pregunta que queda flotando es otra: ¿esto enfría el paro o lo convierte en símbolo?