La Justicia Federal ordenó la detención de Iván Tobar, exbarrabrava de Estudiantes y cabecilla de una de las facciones que se disputan el control de la UOCRA La Plata. En el marco de una investigación que revela la violencia y el entramado mafioso del gremio, Tobar es intensamente buscado en la ciudad y el AMBA.
Desde la madrugada del jueves, efectivos federales realizan allanamientos simultáneos en La Plata, Berisso y Berazategui, con el objetivo de desmantelar la red de violencia enquistada en el sindicato de la construcción. En total, se ejecutaron 25 procedimientos que buscan pruebas clave sobre los recientes episodios de violencia sindical.
Una estructura delictiva en la UOCRA
Tobar es señalado como el principal instigador del brutal ataque ocurrido en el Hospital San Roque de Gonnet, donde facciones de la UOCRA se enfrentaron en una sangrienta pelea que dejó varios heridos. Su doble rol como dirigente gremial y referente de la barrabrava de Estudiantes expone la peligrosa conexión entre sindicalismo y violencia organizada.
El expediente que motivó su captura está radicado en el Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, y se originó en 2022 tras denuncias de “amenazas coactivas” contra funcionarios públicos. Según fuentes judiciales, Tobar habría presionado a jueces y fiscales que intervenían en la excarcelación del exjefe sindical Juan Pablo “Pata” Medina, otro histórico exponente del apriete sindical en la región.
Persecución y complicidad política
Junto a Tobar, se ordenó la captura de otros seis implicados en la red mafiosa de la UOCRA. Sin embargo, no es un hecho aislado: la connivencia entre el kirchnerismo y los gremios ha permitido durante décadas que estructuras sindicales como esta operen con total impunidad, utilizando la violencia como herramienta de control.
Mientras la Justicia avanza, la comunidad platense observa con preocupación el accionar de estos grupos, que por años han mantenido de rehén a los trabajadores de la construcción. La detención de Tobar podría ser un primer paso para desarticular la mafia sindical, aunque el desafío sigue siendo romper el pacto de impunidad que ha protegido a estos personajes durante décadas.