La investigación por presuntas irregularidades en la contratación de pólizas de seguros durante el gobierno de Alberto Fernández sumó este lunes un dato que complica aún más al expresidente y a su entorno. De acuerdo con lo constatado en el expediente, la empresa Bachellier S.A., propiedad de su amigo personal Héctor Martínez Sosa —quien recibió más de 1.600 millones de pesos en comisiones provenientes de organismos públicos—, funcionaba en una vivienda en estado de abandono en el barrio porteño de Villa Crespo.
Cuando efectivos de la Policía Federal inspeccionaron el domicilio declarado por Martínez Sosa, en Juan B. Justo 2444, se encontraron con un inmueble deteriorado, sin actividad comercial, sin empleados y con paredes descascaradas. Para el juez federal Sebastián Casanello, ese escenario resulta “absolutamente incompatible con la gestión de una empresa” que manejó volúmenes millonarios de fondos públicos. Fernández intentó recusar al magistrado en varias oportunidades, pero todas fueron rechazadas.
La novedad se suma a otra reciente: la semana pasada, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del expresidente por defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. El tribunal también ratificó los procesamientos de Martínez Sosa; su esposa y exsecretaria privada de Fernández, María Cantero; y del extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, entre otros.
En su resolución, los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico señalaron que quedó acreditado un esquema de “recaudación y distribución de fondos públicos”, basado en el “irregular direccionamiento” de contratos de seguros de organismos estatales hacia Nación Seguros S.A. entre 2019 y 2023. Según el fallo, la influencia ejercida por el entonces Presidente a través de su secretaria privada tuvo como objetivo principal el favorecimiento de Martínez Sosa.
Los jueces subrayaron además que entre el exmandatario y el bróker existía no solo una relación de amistad, sino también “actividad comercial, deudas periódicamente renovadas, financiamiento de gastos personales y obsequios”. Desde la asunción de Fernández, la empresa vinculada a Martínez Sosa habría recibido el 59,6% de todas las comisiones pagadas por Nación Seguros a intermediarios de pólizas de organismos públicos. Como parte de las medidas, la Cámara dispuso embargos por $14.634 millones.
La causa, que lleva adelante el juez Casanello con intervención del fiscal Carlos Rívolo, también alcanza a Osvaldo Alfredo Tortora, Agustín Beraldi, Emanuel Raúl Andrés Calvo y Andrés Severino, todos procesados por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. En el caso de Cantero, se sumó además el delito de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
El Tribunal de Apelaciones advirtió finalmente que, a medida que avance la investigación, podría surgir una imputación aún más grave para los involucrados.