Hay reformas que se analizan artículo por artículo, en clave jurídica. Y hay otras que deberían discutirse desde otro lugar: desde el impacto real que tienen sobre la vida de las personas. Esta reforma laboral pertenece, sin dudas, a ese segundo grupo.
Lo más preocupante de esta reforma laboral no está en una medida puntual, sino en el enfoque general que propone, ya que no busca corregir problemas reales ni “modernizar” el mundo del trabajo adaptándolo a los desafíos del presente. Lo que hace es algo mucho más profundo: intenta redefinir la relación entre capital y trabajo, apoyándose en una idea peligrosa, la de que empleador y trabajador están en pie de igualdad. Justamente, el derecho del trabajo existe porque esa igualdad no existe. Negar esa desigualdad no es modernizar, es habilitar el abuso, naturalizar las diferencias de poder y tratar al trabajo como una mercancía más.
Por eso, decir que esta reforma moderniza algo es, como mínimo, engañoso. Este proyecto de reforma no actualiza nada. Lo que hace es desarmar protecciones construidas durante décadas y convertir la precariedad en la norma. En ese camino, el trabajo deja de pensarse como una actividad que forma parte de la vida de las personas y pasa a ser una variable más del mercado. Las condiciones laborales se vuelven flexibles solo en un sentido: se adaptan a las necesidades de la empresa, de las grandes empresas, aunque eso implique desordenar por completo la vida de quien trabaja.
¿En qué se traduce esto, en concreto? En que el poder de dirección empresarial deja de estar limitado por criterios de razonabilidad y por el respeto a la dignidad del trabajador. El salario, la jornada, la categoría, el lugar de trabajo —es decir, los elementos básicos del contrato— pasan a ser “ajustables”. Y en contextos de desempleo y miedo, el mensaje es bastante claro: aceptás lo que hay o quedás afuera. Si ya se avanza sobre elementos esenciales del contrato de trabajo, la pregunta es inevitable: ¿por qué ir todavía más lejos? Porque ese es el núcleo político de la reforma. No se trata simplemente de flexibilizar, sino de disciplinar. Y para disciplinar, es necesario debilitar las herramientas colectivas, fragmentar a los trabajadores y erosionar la solidaridad.El poder de dirección empresarial deja de estar limitado por criterios de razonabilidad y por el respeto a la dignidad del trabajador. El salario, la jornada, la categoría, el lugar de trabajo —es decir, los elementos básicos del contrato— pasan a ser “ajustables”
Desde la tradición del sindicalismo argentino, el trabajador nunca fue pensado como una mercancía ni como una pieza intercambiable del proceso productivo. No es solo alguien que vende su fuerza de trabajo ni un “homo economicus” abstracto. Es una persona con derechos, con necesidades, con una vida que excede ampliamente el ámbito laboral. Por eso las organizaciones sindicales no se limitan a discutir salarios. Desarrollan políticas de formación, sostienen servicios de salud solidarios, promueven el acceso al deporte y al turismo social, gestionan escuelas, talleres, cooperativas y mutuales. Todo ese entramado expresa una misma idea: mejorar de manera integral la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, fortaleciendo la organización colectiva como base de la justicia social.
Nada de esto es casual. Justamente por esto la reforma también apunta a debilitar deliberadamente a los sindicatos. ¿Por qué? Porque el sindicato es el principal obstáculo frente a la lógica del “sálvese quien pueda”, porque no existe para expresar una ideología en abstracto, sino para defender los intereses de los trabajadores que representa. Y esa defensa es más eficaz cuando hay organización, unidad de estrategia y capacidad real de acción colectiva. Por eso el proyecto busca limitar su financiamiento, promover sindicatos de empresa funcionales al empleador y restringir el derecho de huelga, transformando medidas de fuerza en infracciones graves. Llevado a un ejemplo sencillo: sin la posibilidad real de parar la actividad, la negociación salarial deja de ser una conquista y pasa a ser una concesión.
También se intenta vaciar de contenido a la negociación colectiva. Se la presenta como un trámite o un privilegio. Hay una confusión bastante extendida que conviene aclarar. La negociación colectiva no es solo sentarse a discutir salarios. Aunque en los últimos años, por la inflación y la situación económica, eso haya sido lo más visible, su función es mucho más profunda. La negociación colectiva cumple un rol compensador clave: equilibra una relación que, por definición, es desigual. Frente al poder del empleador, el trabajador individual está en desventaja.La negociación colectiva transforma esa debilidad individual en fuerza colectiva. Y va todavía más allá. No solo modera desigualdades, sino que convierte el conflicto social en normas que organizan la vida laboral. Es una herramienta democrática y profundamente política: a través de ella, los trabajadores disputan reglas, conquistan derechos y transforman la lucha en consensos con fuerza jurídica.
Cuando desde el discurso oficial se dice “ahora vas a poder negociar libremente con tu empleador”, lo que se propone en realidad es una lógica individualista. Esa (falsa) promesa no es libertad, es individualismo forzado. En ese esquema, quienes tengan más herramientas podrán defenderse; quienes no, aceptarán lo que puedan. Se rompen las reglas comunes, se fragmentan los derechos y se profundizan las desigualdades entre trabajadores que realizan las mismas tareas. El resultado es previsible: se rompe la igualdad entre trabajadores y se diluye la universalidad de los derechos.
Tampoco es cierto que este modelo beneficie a las pequeñas y medianas empresas. Las pymes sostienen la mayor parte del empleo formal en Argentina y los convenios colectivos son, para ellas, una herramienta de orden y previsibilidad: fijan pisos comunes, organizan costos y evitan una competencia salvaje basada en bajar salarios o degradar condiciones de trabajo. La negociación por empresa no las fortalece; las deja expuestas. Beneficia, en realidad, a las grandes compañías, con espalda financiera y capacidad para absorber pérdidas o trasladar costos. El resultado es claro: más concentración, más desigualdad y un escenario de competencia desleal que castiga a quienes producen y emplean en serio.Por eso se busca romper esa lógica. Los convenios colectivos existen para garantizar derechos mínimos comunes, para que quienes hacen el mismo trabajo tengan condiciones similares y para sostener la solidaridad entre trabajadores. Al fragmentarlos, no solo se precariza el empleo: se debilita el tejido social.
La eliminación de la ultraactividad es quizá el ejemplo más crudo de este enfoque. No es un tecnicismo jurídico. Es una decisión política de enorme impacto. Sin ultraactividad, los derechos conquistados dejan de ser un piso garantizado y pasan a ser temporarios, frágiles, sujetos a negociación permanente bajo amenaza. De un día para otro, pueden perderse condiciones básicas de salario, jornada o licencias. Eso no es flexibilidad: es disciplinamiento. Nuevamente, en contextos de desempleo y miedo, la libertad es una ficción, el mensaje vuelve a ser bastante claro y la elección es una sola: aceptás lo que hay o vos fijate.
Nada de esto es nuevo. Ya lo vimos en los años noventa, cuando la negociación colectiva a nivel de empresa se usó para legitimar despidos, suspensiones, rebajas salariales y jornadas más largas en nombre de la “crisis”. La historia muestra con bastante claridad quién paga esos procesos y quién sale beneficiado. Y casi nunca ganan quienes viven de su trabajo.
Lo paradójico es que esta supuesta modernización no dice nada sobre automatización, inteligencia artificial o nuevas formas de organización productiva. No piensa el trabajo del presente ni del futuro. Lo único que “actualiza” es la correlación de fuerzas, inclinándola todavía más a favor del capital. Si realmente se quisiera modernizar el sistema de relaciones laborales, el Estado podría promover la incorporación de estos temas en los convenios colectivos, a través del diálogo social.
Hay ejemplos concretos de que eso es posible. En la Provincia de Buenos Aires, hace algunos años, se avanzó mediante negociación colectiva en un cambio profundo en materia de licencias, cuidados y organización de la vida familiar. No fue solo sumar derechos, sino modificar la forma de concebir la crianza y las responsabilidades de cuidado, superando un modelo binario y desigual. A nivel internacional, también se están incorporando discusiones sobre inteligencia artificial en los convenios colectivos, especialmente en Europa, a partir del diálogo entre sindicatos, empleadores y Estados.
Ninguna ley, por sí sola, puede resolver los problemas del empleo si no está acompañada por una política económica y productiva coherente. Por eso es importante decirlo con claridad: no estamos frente a una reforma técnica. Estamos frente a una decisión política. Y sus efectos no se van a medir solo en estadísticas, sino en vidas atravesadas por la incertidumbre permanente. Cuando, por ejemplo, algo tan básico como las vacaciones en familia pasa a depender de si “a la empresa le conviene”, ya no estamos discutiendo solo normas laborales. La discusión deja de ser jurídica y se vuelve profundamente social. La pregunta ya no es qué dice la reforma, sino qué tipo de sociedad estamos dispuestos a aceptar —y qué desigualdades estamos dispuestos a naturalizar.
Natalia Villalba Lastra.