El Gobierno nacional dio un paso clave en la reorganización del sistema de inteligencia argentino con la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, mediante el cual el presidente Javier Milei dispuso una profunda reestructuración de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). La iniciativa apunta a reducir estructuras, eliminar superposiciones históricas y fortalecer los mecanismos de control institucional.
La reforma introduce cambios sustanciales en la Ley de Inteligencia Nacional y forma parte de una estrategia más amplia de modernización del Estado. Desde el Poder Ejecutivo sostienen que el objetivo central es profesionalizar el área, garantizar la transparencia y asegurar que los recursos públicos se utilicen exclusivamente en función de los intereses nacionales.
Inteligencia enfocada en su función estratégica
Según explicaron fuentes oficiales, el sistema de inteligencia debe concentrarse en la producción de información estratégica para asistir a las autoridades democráticamente electas. En ese sentido, el decreto redefine con mayor precisión la estructura y las competencias del Sistema de Inteligencia Nacional, adaptándolo a los desafíos actuales.
La SIDE queda limitada estrictamente a tareas de inteligencia y contrainteligencia, dejando explícitamente fuera de su órbita cualquier función policial, judicial o de seguridad interior. Con esta delimitación, el Gobierno busca poner fin a roles ambiguos que, durante décadas, contribuyeron al desorden institucional y a la falta de controles efectivos.
Contrainteligencia sin uso político
Uno de los puntos centrales de la reforma es la redefinición del área de contrainteligencia. La hasta ahora denominada Agencia de Seguridad Nacional pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia, con una misión claramente delimitada: proteger al Estado argentino frente a acciones de espionaje, sabotaje o injerencia de actores externos.
El Ejecutivo subraya que esta definición taxativa busca cerrar definitivamente la puerta a prácticas del pasado, cuando estructuras de inteligencia fueron utilizadas para el espionaje interno o la persecución política, en abierta contradicción con el sistema democrático.
Achicamiento del Estado y eliminación de duplicaciones
El decreto también dispone la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, cuyas funciones se superponían con otros organismos. A partir de ahora, la inteligencia estratégica militar quedará concentrada en el Estado Mayor Conjunto, en un esquema que busca mayor eficiencia y coherencia en materia de defensa.
En paralelo, se avanza en un proceso de racionalización general del sistema, con la supresión de áreas innecesarias y misiones difusas que generaban un uso ineficiente de los recursos públicos.
Otro cambio relevante es la separación entre ciberinteligencia y ciberseguridad. Mientras la SIDE mantendrá las tareas de análisis e inteligencia en el ámbito digital, la protección de infraestructuras críticas y sistemas informáticos del Estado pasará a depender de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. El criterio, según el Gobierno, es el de especialización funcional y claridad de responsabilidades.
Más control y mayor transparencia
La reforma también crea nuevos espacios de coordinación, como la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional, e incorpora mecanismos obligatorios de registro y trazabilidad de la información. Además, se establece la Inspectoría General de Inteligencia, un nuevo órgano encargado de auditar, inspeccionar y controlar la legalidad, el desempeño y el uso de los recursos del sistema.
Desde la Casa Rosada aseguran que estas medidas buscan erradicar la discrecionalidad y garantizar que el accionar de los organismos de inteligencia se mantenga dentro de límites legales claros y verificables.
Con esta reestructuración, el Gobierno de Javier Milei refuerza su agenda de reformas de “segunda generación” y ratifica su objetivo de construir un Estado más acotado, profesional y transparente, dejando atrás décadas de opacidad y uso político de la inteligencia estatal.