El Gobierno nacional transfirió $100.000 millones a los Bomberos Voluntarios en medio de los incendios más graves en años. Los gobernadores patagónicos presionan por la declaración de la emergencia ígnea. El dinero aparece; la definición política, no.
En pleno avance del fuego en el sur del país, el Gobierno nacional oficializó una transferencia de $100.000 millones para fortalecer el sistema de Bomberos Voluntarios. El anuncio se publicó en el Boletín Oficial y llega tras el reclamo conjunto de cinco gobernadores patagónicos que piden declarar la emergencia ígnea.
Según la resolución, el monto se repartirá entre 1.062 cuarteles de todo el país. A cada uno le tocarán cerca de $95 millones para equipamiento, indumentaria y mantenimiento. Es una cifra relevante, especialmente para cuerpos que suelen operar con recursos limitados.
Pero el contexto mete ruido. Mientras el dinero se distribuye, la emergencia formal —que habilitaría recursos extraordinarios y un esquema más amplio de asistencia— sigue “en evaluación”. En los últimos meses se quemaron más de 229.000 hectáreas entre La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. El fuego ya no es un evento aislado: es un problema estructural.
Los gobernadores firmaron un pedido conjunto y sumaron apoyos de distintos bloques políticos. Incluso hubo un gesto público del expresidente Mauricio Macri. El mensaje es claro: la magnitud del daño supera los mecanismos habituales.
En Casa Rosada reconocen la gravedad y destacan el trabajo coordinado con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Pero también admiten, en voz baja, que declarar la emergencia implica más gasto y compromisos en un año de reformas y negociaciones legislativas clave.
La plata llegó. Los incendios siguen. Y la pregunta queda flotando: ¿es una respuesta suficiente o un parche mientras se decide si activar, o no, la emergencia que todos reclaman?