Un fallo suspendió provisoriamente 83 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La Casa Rosada apelará y denuncia un bloqueo judicial a una ley aprobada por el Congreso.
El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 que suspendió de manera provisoria 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, uno de los ejes centrales del programa económico de la gestión de Javier Milei.
La decisión judicial llegó tras una presentación de la CGT, que cuestionó la constitucionalidad de varios puntos de la reforma. El tribunal hizo lugar a una medida cautelar y resolvió frenar temporalmente la aplicación de esos artículos para “preservar derechos” hasta que se resuelva el fondo del caso.
Desde el Ejecutivo no tardaron en reaccionar. El Ministerio de Capital Humano anunció que recurrirá el fallo y defendió la ley como una herramienta clave para generar empleo formal, mejorar la competitividad y dar previsibilidad al sistema laboral. La postura oficial es clara: consideran que la Justicia está interviniendo sobre una norma sancionada por el Congreso y alterando el equilibrio entre poderes.
El conflicto no es menor. Entre los artículos suspendidos hay cambios sensibles: regulación de trabajadores de plataformas, eliminación de la presunción de relación laboral en ciertos casos, modificaciones en la responsabilidad empresarial y ajustes en normas sobre huelga y representación sindical. También impacta en el esquema de teletrabajo y en nuevos mecanismos de asistencia laboral.
Para la CGT, en cambio, esos cambios implican una regresión de derechos laborales. Argumentaron que se vulneran principios constitucionales como la protección del trabajo, la libertad sindical y la progresividad de los derechos sociales. La Justicia, al menos en esta instancia, consideró que los planteos ameritan ser analizados y decidió congelar parte de la reforma.
El Gobierno, por su parte, cuestiona la legitimidad de la central sindical para impulsar una acción colectiva de este alcance y advierte que la cautelar afecta el interés público al dejar en suspenso una ley votada por amplia mayoría legislativa.
Mientras tanto, el efecto es concreto: los artículos suspendidos no se aplican y siguen vigentes las normas anteriores. Es decir, la reforma laboral queda, por ahora, a mitad de camino.
La disputa recién empieza. No es solo una discusión laboral: es un test de poder entre Gobierno, sindicatos y Justicia. Y, como suele pasar en Argentina, el campo de batalla vuelve a ser el expediente judicial.