En medio de un pedido de veedores oficiales por presuntas irregularidades contables, la Provincia aceptó el traslado de la AFA a Buenos Aires. La decisión choca con lo que había resuelto la Inspección General de Justicia y abre un nuevo frente judicial.
La disputa por el control de la AFA sumó un capítulo político. Mientras la Inspección General de Justicia (IGJ) avanzaba con un pedido para designar veedores y revisar los libros contables cerrados al 30 de junio de 2025, el gobierno bonaerense habilitó el traslado de la entidad a la provincia de Buenos Aires.
La jugada no es menor. La IGJ había rechazado días antes la mudanza argumentando que no existía un traslado real de sede y que el domicilio en Pilar no tenía oficinas operativas. Sin embargo, la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense ratificó el cambio de jurisdicción, decisión celebrada por el abogado de Claudio “Chiqui” Tapia, Gregorio Dalbón.
El trasfondo es delicado. La AFA está bajo la lupa por presuntas irregularidades contables, la aparición de sociedades vinculadas que habrían desviado fondos y denuncias sobre maniobras para llevar las causas a juzgados más favorables. Además, la IGJ denunció incumplimientos en la presentación de documentación ampliatoria.
Desde el Ministerio de Justicia de la Nación sostienen que la decisión provincial “no cambia nada” y que el proceso para designar veedores seguirá su curso. Incluso se descarta que habrá un contador y un abogado para revisar los números. Pero la resolución bonaerense introduce una tensión institucional: Nación y Provincia disputan quién controla.
Otro dato político suma ruido. Axel Kicillof mantiene a Tapia al frente del Ceamse, un cargo estratégico en la estructura estatal. En ese contexto, el aval al cambio de jurisdicción no pasa desapercibido.
La resolución provincial fue firmada horas después de que la IGJ notificara formalmente a la AFA. En el Ejecutivo nacional deslizan que el trámite se hizo “a las apuradas” y con el objetivo de judicializar la investigación.
La pregunta queda flotando: ¿se trata de una cuestión técnica de competencias o de una jugada política para ganar tiempo en medio de un escándalo que recién empieza?