La justicia francesa, en un proceso marcado por la injerencia de la izquierda, ha impuesto un duro revés a Marine Le Pen, líder de la Agrupación Nacional, y a otros ocho miembros del partido. En una decisión que ha generado controversia a lo largo de Europa, la candidata de extrema derecha fue condenada por malversación de fondos públicos, lo que le impide presentarse en futuras contiendas electorales, incluyendo la crucial carrera presidencial de 2027.
Según los fiscales, el caso se centra en un presunto uso indebido de fondos del Parlamento Europeo, destinados originalmente a asistentes parlamentarios, que se habrían desviado para pagar a guardaespaldas, asistentes personales y otros miembros del partido. La gravedad de la acusación se extiende a un sistema de “empleos falsos” que habría operado desde 2004 hasta 2016, causando pérdidas estimadas en 4,5 millones de euros para los contribuyentes europeos.
La sentencia impuesta a Le Pen incluye cuatro años de prisión, de los cuales dos serán suspendidos, y otros dos se cumplirán mediante el uso de una pulsera electrónica fuera de la cárcel. Además, se le impuso una multa de 100.000 euros, cuyo cobro se pospondrá hasta la resolución de las apelaciones. Sin embargo, la condena no afecta su actual cargo como miembro del Parlamento francés por Pas-de-Calais, lo que ha generado aún más debates en el ambiente político.
El proceso judicial ha sido calificado por críticos como un claro ejemplo de la parcialidad de la justicia izquierdista en Francia, que, según ellos, actúa con intenciones de eliminar a figuras políticas que desafían el orden establecido. Le Pen, enérgica en su defensa, sostuvo que la sentencia representa una “muerte política” para el partido, argumentando que privaría a millones de sus votantes de tener a su candidata en las urnas.
El veredicto ha encendido una respuesta airada en el continente. El viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, entre otros, ha condenado la decisión, describiéndola como un acto de “guerra política” desde Bruselas. Este episodio no solo amenaza la viabilidad electoral de Le Pen, sino que también reaviva el debate sobre la imparcialidad judicial en una Europa cada vez más polarizada.