La obra social bonaerense enfrenta cuestionamientos políticos y cortes de prestaciones al mismo tiempo. La demora en aplicar el nomenclador para discapacidad y deudas con prestadores vuelven a encender alarmas.
IOMA vuelve al centro del debate en la Provincia. Esta vez, con dos frentes abiertos que exponen tensión política y problemas operativos: reclamos formales en la Legislatura y suspensión de atención médica en el interior.
En la Cámara de Diputados, el legislador libertario Pablo Morillo presentó un pedido de informes para exigir explicaciones sobre la no implementación del Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. El esquema había sido anunciado en octubre de 2025 con fecha de vigencia desde el 1° de enero de 2026, pero según la oposición todavía no fue puesto en marcha.
El nomenclador, vigente a nivel nacional desde los años noventa, fija códigos y valores de referencia para centros de día, hogares, transporte y educación especial. Es una herramienta clave para ordenar contrataciones y facturación. La incógnita es por qué, si estaba anunciado, no se aplica.
El pedido legislativo también apunta a facturas adeudadas a prestadores y al impacto que la demora podría generar en la cobertura. En paralelo, se intensifican las críticas hacia la conducción del organismo y la gestión sanitaria provincial.
El conflicto ya se siente en el territorio. En Tandil, la Agremiación Médica suspendió nuevamente la atención a afiliados de IOMA por falta de pago de la gestora local ACEAPP, que adeuda honorarios desde mediados de agosto. La consecuencia es concreta: afiliados que deben pagar consultas particulares o postergar tratamientos.
Con más de 2,5 millones de afiliados, IOMA es uno de los organismos más sensibles de la Provincia. Cada demora administrativa se traduce en tensión sanitaria real.
El año recién empieza y la pregunta queda abierta: ¿es un bache administrativo o un problema estructural que vuelve una y otra vez?