Municipios alertan por deudas de la obra social bonaerense mientras crece la demanda en el sistema público. En paralelo, la oposición empuja una reforma con declaración de emergencia.
El IOMA volvió al centro de la escena, pero no por mejoras en el servicio sino por una combinación incómoda: deudas, más pacientes y un sistema que empieza a tensarse.
El intendente de Lincoln, Salvador Serenal, puso el tema sobre la mesa en un encuentro sanitario con presencia del ministro Nicolás Kreplak. Denunció que la falta de pagos de IOMA impacta directamente en el hospital municipal y lo vinculó con un problema mayor: menos recursos, caída de la coparticipación y más vecinos migrando del sistema privado al público.
El dato no es menor. En 2025, el hospital de Lincoln atendió a unas 82.000 personas, y el 43% tenía obra social. Es decir, el sistema público está cubriendo prestaciones que, en teoría, debería absorber el sistema privado o las propias obras sociales.
El fenómeno se repite en distintos municipios: más demanda sin financiamiento acorde. Y en ese contexto, IOMA aparece como uno de los puntos más críticos dentro del sistema sanitario bonaerense.
En paralelo, el senador Maximiliano Abad impulsa un proyecto para declarar la emergencia de la obra social y avanzar hacia su autarquía. Denuncia cortes en prestaciones, falta de insumos y demoras en la atención, y lanzó una campaña para presionar por cambios en el manejo de los fondos.
El trasfondo es más profundo que una deuda puntual: es un sistema que empieza a desbalancearse.
Más pacientes, menos financiamiento y una obra social cuestionada.
La discusión ya no es solo sobre IOMA. Es sobre quién paga —y cómo— una salud pública que cada vez absorbe más de lo que debería.