Tras más de una década, la megacausa por desvío de fondos en la obra social bonaerense entra en una etapa decisiva. La discusión ya no es solo qué pasó, sino si el caso llega o no a juicio.
La causa por el presunto fraude en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) volvió a activarse en La Plata con la audiencia preparatoria de juicio oral para 34 imputados. El expediente, que investiga el desvío de fondos mediante la compra irregular de medicamentos oncológicos, acumula más de diez años sin resolución definitiva.
En el centro del caso hay una acusación grave: una supuesta red integrada por funcionarios, farmacéuticos y empresarios que habría falsificado tratamientos y sobrefacturado medicamentos destinados a pacientes con enfermedades graves. Según la investigación, algunos fármacos se autorizaban a nombre de personas fallecidas o nunca llegaban a quienes los necesitaban.
La fiscalía propuso avanzar con juicios abreviados: penas de cumplimiento condicional y un resarcimiento económico para IOMA. Es decir, cerrar el caso sin debate oral completo. Pero las defensas rechazaron la oferta en bloque y apuntaron a otro camino: que la causa prescriba.
El argumento central es el “plazo razonable”. Sostienen que los imputados llevan más de 12 años sometidos al proceso, algunos incluso con detenciones previas, y que el Estado no puede sostener indefinidamente una causa sin sentencia. También cuestionaron la falta de una pericia contable precisa sobre el daño económico.
Del otro lado, la acusación defendió la continuidad del proceso y remarcó la gravedad institucional del caso, al tratarse de fondos públicos destinados a tratamientos oncológicos. Además, dejó abierta la posibilidad de negociar reparaciones económicas.
El expediente también volvió a poner bajo la lupa el rol de la Fiscalía de Estado, señalada en otras causas por su participación más formal que activa, aunque en esta audiencia tuvo una intervención más visible.
La investigación reconstruyó una maniobra que habría operado desde al menos 2007, con autorizaciones irregulares, farmacias que ejecutaban órdenes sin control y una posterior reventa en el mercado ilegal. En su momento, el caso derivó en detenciones, allanamientos y un fuerte impacto público.
Hoy, con decenas de imputados y una década de demora, la discusión ya no es solo penal: es también sobre los tiempos de la Justicia.
El Tribunal Oral deberá definir si el caso llega finalmente a juicio o si los planteos de prescripción logran cerrarlo. En juego no está solo el destino de los acusados, sino también qué pasa cuando una causa de alto impacto tarda tanto… que corre el riesgo de no juzgarse nunca.