La obra social bonaerense acumula atrasos, valores congelados y conflictos con médicos y hospitales. En paralelo, una denuncia en la Justicia Federal habla de retención de fondos y un esquema deliberado de desfinanciación.
El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) atraviesa uno de sus momentos más críticos. Atrasos en los pagos, aranceles desactualizados y deudas con hospitales municipales exponen un sistema que perdió previsibilidad y genera creciente malestar entre afiliados y prestadores.
Desde la Agremiación Médica Platense, su presidente Gastón Quintans advierte que los profesionales vienen cobrando con demoras y valores muy por debajo del mercado. “Una colonoscopía se paga al 30% de lo que paga otra obra social. Las cirugías están entre un 40 y 50% más abajo”, explicó. Además, denunció que el nomenclador está desactualizado y que muchas prácticas modernas directamente no están reconocidas.
La consecuencia es concreta: cada vez más médicos dejan de atender por IOMA. No por ideología, sino por números. “Ya no es no ganar, es perder”, resumen en el sector. La consulta médica mejor paga ronda los 19 mil pesos, mientras los profesionales más jóvenes perciben entre 11 y 12 mil, antes de impuestos.
En el interior bonaerense la situación es aún más delicada. Hospitales municipales denuncian deudas acumuladas que complican la compra de insumos y el pago de salarios. En Balcarce, por ejemplo, el monto adeudado supera los 200 millones de pesos. La falta de actualización de valores frente al aumento real de costos tensiona a clínicas y sanatorios, que advierten riesgo de suspensión de servicios.
A este escenario se suma el frente judicial. El concejal libertario Marcelo Mazzeo amplió una denuncia ante el Juzgado Federal de La Plata en la que sostiene que el deterioro no sería solo producto de mala administración, sino parte de un esquema sistemático de retención y desvío de fondos públicos. La presentación habla de incumplimiento de sentencias, abandono de pacientes en situaciones críticas y una presunta maniobra de desfinanciación de clínicas del interior para facilitar su adquisición a bajo precio.
La denuncia solicita pericias contables, citaciones a funcionarios y la indagatoria del presidente del Instituto, Homero Giles. También plantea que podría estar comprometida la utilización de fondos federales con destino específico en salud, lo que justificaría la intervención del fuero federal.
En la Legislatura provincial, el diputado Fernando Rovello insiste con pedidos de informes e interpelaciones que, hasta ahora, no prosperaron. Según su visión, falta voluntad política para encarar una reforma integral y transparentar los números reales del organismo.
Desde el IOMA, en tanto, no hubo respuestas oficiales a las consultas periodísticas.
Mientras tanto, el sistema se resiente en silencio: pacientes que esperan autorizaciones, médicos que evalúan cortar prestaciones y hospitales que absorben una demanda creciente sin recursos suficientes.
Con más de dos millones y medio de afiliados, la pregunta ya no es si hay tensión. Es cuánto más puede sostenerse un esquema que paga poco, paga tarde y no explica qué está pasando.