La licitación para el gasoducto que unirá Vaca Muerta con Río Negro quedó en manos de una firma extranjera por primera vez en décadas. El precio fue decisivo. La reacción empresarial, también.
La adjudicación de los caños para el proyecto de exportación de Gas Natural Licuado reavivó una discusión de fondo: ¿competitividad o protección? La empresa india Welspun se quedó con el contrato tras ofertar USD 203 millones para 480 kilómetros de ducto, un valor que terminó siendo hasta 40% menor al inicial del grupo local y cerca de 25% inferior al final.
Del otro lado quedó Techint, a través de Tenaris, que dejó trascender la posibilidad de denunciar dumping por competencia desleal y alertó sobre el impacto en la industria nacional y el empleo. El argumento: costos impositivos internos altos y una competencia externa que, dicen, juega con reglas distintas.
La respuesta oficial fue corta y filosa. Desde Casa Rosada marcaron que no evaluarán medidas antidumping: “No vamos a pagar más caros los caños”. La posición se apoya en un criterio simple: entre dos productos equivalentes, elegir el más barato. Incluso si el precio externo estuviera subsidiado, sostienen, el costo no lo paga la Argentina.
El Presidente Javier Milei también dejó señales en redes, cuestionando a quienes hablan de “perjuicios” de la apertura. Y el ministro Federico Sturzenegger profundizó el argumento: caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menos inversión, menos empleo y energía más cara para empresas y consumidores.
En el plano técnico, cualquier denuncia debería pasar por la Comisión Nacional de Comercio Exterior, que no solo evalúa si hay dumping, sino si existe daño concreto a la producción local causado por esas importaciones. Hasta ahora, no hubo presentación formal.
El trasfondo suma capas: Sturzenegger advirtió que mecanismos como el “first refusal” desalientan la competencia y terminan elevando costos a futuro. Desde Techint, en cambio, recuerdan las “presiones” que enfrenta la industria por la sobreoferta asiática y señalan que los caños indios usarían insumos chinos.
La licitación, impulsada por un consorcio que incluye a YPF y empresas internacionales, dejó un dato incómodo sobre la mesa: cuando el precio manda, la discusión deja de ser técnica y pasa a ser política.
Con la apertura como bandera y el “costo argentino” en la mira, el caso abre una pregunta que no se resuelve con slogans: ¿hasta dónde llega la eficiencia y dónde empieza el riesgo industrial? El debate recién empieza.