El presidente de la AFA se presentó como damnificado en una causa por extorsión vinculada al negocio de las fotomultas. Apunta a empresarios, abogados y una ofensiva mediática que habría arrancado tras un “no” clave.
Mientras la agenda pública se concentra en la Selección y el calendario rumbo al Mundial, una causa judicial mete ruido lejos de las canchas. El titular de la Asociación del Fútbol Argentino se presentó ante la Justicia bonaerense como damnificado por presuntas maniobras de extorsión ligadas al sistema de fotomultas.
La presentación se hizo ante el Juzgado de Garantías N°7 de San Isidro y la UFI N°3. El eje del planteo: presiones para habilitar cámaras de control de tránsito en rutas, accesos y predios bajo la órbita de CEAMSE, organismo que Tapia también conduce. Según su relato, el pedido llegó desde Leandro Camani, titular de Secutrans S.A.. La respuesta fue negativa.
Ahí, dice Tapia, cambió el tono. Del planteo comercial a la presión directa: mensajes intimidatorios y una advertencia concreta. Si no se habilitaba el negocio, aparecerían denuncias penales en su contra. El escrito sostiene que hay dos testigos presenciales de la secuencia —pedido, rechazo y amenaza— que declararon bajo reserva por temor a represalias.
Cinco días antes del sorteo del Mundial, se presentó una denuncia vinculada a la “casa de Villa Rosa”, firmada por Facundo Del Gaiso y Matías Yofe. Para Tapia, no fue un hecho aislado: habría sido la ejecución de una advertencia previa. En la reconstrucción judicial, Camani queda ubicado como el presunto cerebro de la operatoria y Yofe–Del Gaiso como el brazo legal.
La causa también incorpora un capítulo mediático. Tapia habla de una ofensiva sostenida con publicaciones reiteradas, difusión de información reservada y amplificación en TV y redes. Allí menciona a Red Cube, productora vinculada a Camani, como parte de un entramado que habría facilitado la instalación de un relato incriminante sin explicar el trasfondo económico.
El escrito va más allá: denuncia filmaciones con drones sobre domicilios particulares, exposición de espacios privados y filtraciones desde expedientes judiciales y bases restringidas. Y traza un paralelo con antecedentes que involucraron a Camani, entre ellos el caso que derivó en la renuncia del ex ministro bonaerense Jorge D’Onofrio, también atravesado por el negocio de las fotomultas.
En el cierre, Tapia pidió allanamientos en domicilios y lugares de trabajo de los señalados, secuestro de dispositivos y peritajes informáticos. La investigación sigue abierta y suma capas: política, justicia, medios y un negocio millonario en disputa, justo en año de Mundial.
Con los mismos nombres, los mismos métodos y el mismo negocio, la pregunta queda flotando: ¿se trata de un caso puntual o de un manual que se repite cuando alguien dice que no?