Una postal del fracaso de la “seguridad” en la provincia de Buenos Aires
En el corazón de Tolosa, a pocos minutos del centro de La Plata, se esconde uno de los símbolos más contundentes del desastre en la gestión de Axel Kicillof: un inmenso cementerio de patrulleros. Más de 4.000 móviles policiales, muchos de ellos prácticamente nuevos, se pudren al sol, víctimas del abandono, la desidia y la corrupción estructural que caracteriza al gobierno kirchnerista en la Provincia.
Los autos, que alguna vez patrullaron las calles del conurbano, hoy yacen amontonados en un predio de 10 hectáreas, en 2 y 528, rodeados de maleza, óxido y burocracia. En promedio, cada unidad tuvo una “vida útil” de apenas tres años. Y aunque la Bonaerense recorre hasta 14.000 kilómetros mensuales, lo cierto es que el problema no es el uso: es la falta de mantenimiento, la nula planificación y el robo sistemático de recursos.
La provincia cuenta con 38 talleres propios. ¿Resultado? Cero. No hay repuestos, los vehículos se desguazan por partes y el 90% de los patrulleros ni siquiera cumple con la VTV obligatoria. Un exfuncionario lo dijo sin rodeos: “Parás cualquier móvil y no tiene ni obleas ni grabado de autopartes”. Y con el blindaje, ni siquiera se pueden rescatar piezas. Todo termina en chatarra.
Pero lo más escandaloso es que, mientras la seguridad se cae a pedazos, el gobierno de Kicillof derrocha millones en compras directas con sospechas de sobreprecios. El diputado Luciano Bugallo denunció que se pagaron más de $56 millones por cada Fiat Cronos, cuando valen menos de la mitad. La causa avanza lentamente en los tribunales de La Plata, como casi todas las denuncias contra el kirchnerismo.
Entre 2019 y 2023, se compactaron 3.569 móviles, mientras se incorporaron poco más de 5.000. Pero el ritmo de bajas y la inutilidad del sistema hacen que hasta 1.200 patrulleros por año terminen en este basural a cielo abierto, mientras el delito crece, la gente vive con miedo y Kicillof sigue vendiendo humo en Twitter.
Así, el “modelo” de seguridad del gobernador y su ministro Javier Alonso queda reducido a eso: una montaña de chatarra, valuada en hasta $18.000 millones, imposible de recuperar. Mientras tanto, los bonaerenses están cada vez más solos frente al crimen.