Mientras el Gobierno nacional impulsa bajar la edad de imputabilidad, el ministro de Seguridad bonaerense salió a cuestionar la iniciativa: aseguró que no resuelve el problema del delito juvenil y exhibió números propios para marcar diferencias.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires cuestionó con dureza el proyecto del Gobierno nacional que busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. Lo definió como “puro marketing político” y sostuvo que no apunta a resolver el delito, sino a instalar una discusión que divide y no da respuestas concretas.
Según explicó, la Provincia registró una baja cercana al 20% en los homicidios cometidos por menores de 16 años: pasaron de 24 casos en 2024 a 19 en 2025. En el grupo de 16 y 17 años, la caída fue mínima, de 63 a 61. Para el ministro, estos números muestran que el problema no se soluciona moviendo la edad en el Código Penal.
Uno de los ejes de su crítica fue que bajar la edad no ataca el funcionamiento de las bandas. “Si hoy se baja a 13, mañana van a buscar chicos de 11 o 12”, advirtió, y remarcó que el crimen organizado siempre se adapta a las reglas del sistema. En ese sentido, insistió en que el foco debería estar en intervenir antes, no en correr el límite hacia abajo.
También buscó desmontar una idea instalada en el debate público: que los menores que cometen delitos graves quedan libres. Aseguró que los casos más violentos terminan con los responsables internados en institutos y citó ejemplos recientes para respaldar su afirmación.
En cuanto a los datos generales, señaló que de más de un millón de investigaciones penales que se inician cada año, solo el 2,5% corresponde al fuero juvenil. En homicidios, la participación de menores ronda el 8%. Para el ministro, son cifras que requieren políticas específicas, no slogans.
El funcionario defendió el programa provincial de intervención temprana con menores en conflicto con la ley, que articula a la Policía, la Justicia y los servicios locales de niñez. Según explicó, el objetivo es aplicar sanciones efectivas desde el primer contacto con el sistema y evitar que los chicos vuelvan rápidamente a contextos que los empujan a reincidir.
En paralelo, apuntó contra el Gobierno nacional por falta de inversión en seguridad y control del narcotráfico, y denunció un fuerte recorte de fondos destinados a políticas provinciales. También rechazó el enfoque que, según dijo, simplifica el delito asociándolo a inmigración o pobreza, sin atacar a las organizaciones criminales.
Hacia el final, reconoció que el régimen penal juvenil necesita una reforma integral —la norma vigente es de 1980—, pero marcó un límite claro: modificar solo la edad “no es una llave mágica”. La discusión, sostuvo, es más profunda y pasa por gestión, presupuesto y presencia del Estado.
La pregunta queda abierta: ¿bajar la edad calma la inseguridad o solo sube el volumen del debate político?