El Ejecutivo enviará al Congreso una reforma integral del Código Penal, vigente desde 1921. Incluye endurecimiento de penas, nuevos delitos digitales y ambientales, y foco en narcotráfico y crimen organizado.
El Gobierno nacional ultima detalles para presentar una de las reformas más ambiciosas de las últimas décadas: un nuevo Código Penal. La iniciativa busca actualizar una norma que rige desde 1921 y que, según el oficialismo, quedó desfasada frente a las nuevas formas de criminalidad.
El eje central es claro: penas más severas para delitos violentos y nuevas figuras delictivas. El proyecto prevé agravantes para motochorros y hechos de violencia en espectáculos deportivos, además de declarar imprescriptibles delitos como abuso sexual, homicidio, trata de personas, terrorismo y narcotráfico. En la práctica, significaría que nunca podrían quedar sin juzgamiento por el paso del tiempo.
Otro punto fuerte es el combate al crimen organizado. La propuesta pone el foco en el decomiso sistemático de bienes ilícitos para golpear la financiación de las organizaciones, especialmente vinculadas al narcotráfico.
Pero la reforma no se queda solo en la calle. Por primera vez se incorporará un capítulo específico de delitos digitales: usurpación de identidad, grooming y difusión no consentida de datos personales. Conductas que hoy generan conflictos judiciales, pero sin una tipificación clara dentro del Código.
Entre las novedades aparece también la figura de ecocidio, destinada a penalizar daños ambientales graves, como incendios forestales intencionales. Además, se sumarían delitos electorales, ampliando el alcance penal sobre conductas que afecten el sistema democrático.
El proyecto fue elaborado por un equipo de juristas durante varios meses y será enviado al Congreso una vez concluido el debate por la reforma laboral. Allí comenzará una discusión que promete tensión política, incluso dentro de la oposición, donde ya asoman diferencias sobre el alcance y el enfoque punitivo.
Modernización, endurecimiento y ampliación del poder penal del Estado. La pregunta que sobrevuela es inevitable: ¿más penas y nuevos delitos cambiarán la realidad o el problema está en cómo se aplica la ley que ya existe?