En medio de las sesiones extraordinarias, el Ejecutivo decidió incorporar el tratamiento de la Ley Penal Juvenil, que propone reducir a 13 años la edad de imputabilidad. El tema irrumpe en una agenda ya recargada y vuelve a tensionar un debate histórico.
La calma de enero en Casa Rosada se interrumpió con una decisión política de alto voltaje: el Gobierno resolvió sumar al temario de sesiones extraordinarias la Ley Penal Juvenil, que propone bajar a 13 años la edad de imputabilidad. La definición se tomó tras una reunión de mesa política encabezada por funcionarios clave del Ejecutivo, con asistencia completa y coordinación directa desde el Ministerio del Interior.
El anuncio fue confirmado públicamente por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien lo comunicó en redes sin rodeos. La incorporación del proyecto se da en paralelo a otros temas centrales que el oficialismo busca empujar en febrero: la Reforma Laboral, la Ley de Glaciares, el acuerdo Mercosur–Unión Europea y designaciones diplomáticas.
El proyecto para reducir la edad de imputabilidad no es nuevo. Ya había obtenido dictamen en Diputados en 2025 y fue elaborado desde el Ministerio de Justicia, bajo la órbita de la Secretaría de Justicia que conduce Sebastián Amerio. Sin embargo, ahora vuelve al centro de la escena con modificaciones en su articulado y en un contexto político distinto.
El trasfondo no es menor. En los últimos días, el caso de un adolescente de 15 años asesinado en Santa Fe reactivó el debate público y volvió a poner presión sobre el sistema penal juvenil. Seguridad, responsabilidad penal y límites del Estado vuelven a cruzarse en una discusión que históricamente divide aguas.
Mientras tanto, el Gobierno decidió postergar la Reforma del Código Penal integral para marzo, concentrando sus esfuerzos inmediatos en la Reforma Laboral. La estrategia legislativa parece apuntar a ordenar prioridades, pero la suma de este proyecto agrega ruido a un temario ya cargado.
La reunión que selló la decisión contó con la participación de figuras clave del oficialismo, entre ellas Karina Milei, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo y Luis Caputo, cuya presencia suele ser determinante cuando las decisiones requieren respaldo presupuestario.
Con el Congreso a punto de reactivarse y una agenda que mezcla reformas estructurales con debates sensibles, la pregunta queda flotando: ¿la baja de imputabilidad llega como respuesta a una demanda social concreta o como un movimiento político en un calendario ajustado?
El tema promete discusión, ruido y votos difíciles. Y, como suele pasar, la tensión recién empieza cuando se abre el recinto.