A diez años de su detención, el Estado pidió a la CIDH terminar con la prisión domiciliaria de Milagro Sala. La dirigente tiene condena firme, pero también cumple los requisitos para pedir la libertad condicional. El debate vuelve a explotar.
A pocos días de cumplirse una década desde la detención de Milagro Sala, el Gobierno nacional decidió mover una ficha clave: solicitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se termine su prisión domiciliaria y que la dirigente social cumpla su condena en una cárcel común.
El pedido fue presentado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, que sostuvo que Sala fue condenada por delitos graves —asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas— y que el arresto domiciliario se transformó en un beneficio “que no corresponde”. La sentencia firme establece 15 años de prisión e inhabilitación absoluta.
Según el Estado, la medida dispuesta por la CIDH en 2017 para proteger su integridad terminó derivando en una situación de privilegio. En la presentación se incluyeron registros que indican que Sala habría violado las condiciones de su arresto al cambiar de domicilio sin autorización judicial, lo que activó alertas del sistema de monitoreo electrónico.
Desde el Ministerio de Justicia, conducido por Mariano Cúneo Libarona, fueron aún más directos: aseguraron que la Argentina cumple con sus compromisos internacionales, pero advirtieron que la medida internacional hoy mantiene “en la comodidad de su hogar a una persona con condena firme”.
El contexto agrega otra capa de tensión. Sala cumplió en enero dos tercios de su condena —10 de los 15 años—, lo que la habilita legalmente a solicitar la libertad condicional. Es decir, mientras el Gobierno pide que vaya a una cárcel común, su defensa puede pedir que salga en libertad.
Actualmente, la líder de la Tupac Amaru se encuentra internada en el Hospital de Gonnet, en La Plata. Su abogada denunció que durante esa internación funcionarios judiciales viajaron desde Jujuy para tomarle declaración e incluso intentaron realizar una audiencia virtual, lo que calificaron como un trato “excepcionalmente riguroso”.
Las causas que la llevaron a prisión siguen siendo el núcleo del conflicto. En una fue condenada por amenazas tras llamados a una comisaría en 2014; en la otra, conocida como “Pibes Villeros”, fue considerada jefa de una asociación ilícita que desvió fondos públicos destinados a viviendas sociales que nunca se construyeron. Según el expediente, la defraudación al Estado superó los 60 millones de pesos y el juicio tuvo más de 100 testigos.
Diez años después, el caso vuelve al centro de la escena con una pregunta incómoda que nadie logra cerrar: ¿se trata de garantizar derechos humanos o de sostener un trato excepcional frente a una condena firme?